LAS PALMAS, 22 ABRIL.- El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han llegado a un acuerdo para una reforma urgente de la Ley de Extranjería, enfocada en la distribución equitativa de menores inmigrantes no acompañados entre todas las autonomías. Esta medida busca aliviar la situación de “emergencia” que enfrentan Canarias, Ceuta y Melilla debido al flujo de menores que supera sus capacidades de acogida.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, han anunciado este acuerdo, aunque existen diferencias sobre el procedimiento para promover esta reforma legislativa. Se espera que la propuesta sea aprobada en septiembre, ya sea como un decreto ley, según la preferencia de Canarias, o como una proposición de ley con debate urgente y en lectura única, como plantea el Gobierno central.
La reforma contempla que cuando los recursos de acogida de menores migrantes en una comunidad superen el 150% de su capacidad, se activará la ley para derivarlos a otras regiones según criterios como el PIB y la población de cada comunidad. Canarias, por ejemplo, tiene un cupo de acogida de 2.000 menores, y a partir de 3.000 menores (un 50% por encima del límite), se procederá a la derivación hacia otras regiones.
Entre las diferencias jurídicas a resolver está el plazo para la derivación de menores excedentes y quién determinará su edad. Clavijo propone que las comunidades receptoras determinen la edad de los menores y que la derivación se realice en un plazo máximo de quince días, pero el Gobierno central pide tiempo para estudiar este plazo.
Ambas partes confían en que la reforma cuente con el respaldo del Partido Popular (PP) y se implemente de manera efectiva para abordar la situación de emergencia y garantizar el bienestar de los menores migrantes no acompañados.
