Santiago de Chile, 15 oct (EFE).- Amnistía Internacional (AI) informó este viernes que presentó a la Fiscalía de Chile un informe que analiza la responsabilidad penal individual de los mandos del cuerpo policial de Carabineros en los “crímenes cometidos” durante las protestas que comenzaron en octubre de 2019.

El documento recopila antecedentes de jurisdicción internacional respecto a responsabilidad de mandos policiales y fue entregado al Ministerio Público a tres días de que se cumpla el segundo aniversario del estallido social.

AI señaló en un comunicado que ha podido demostrar que “los medios y técnicas instauradas al interior de Carabineros posibilitaron, promovieron o toleraron el uso excesivo de la fuerza” y lamentó que pese a ello ningún mando estratégico haya sido procesado hasta el momento.

“Miles de víctimas podrían hoy contar una historia diferente si no fuera por la omisión deliberada de los mandos de Carabineros que permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos contra manifestantes”, dijo la directora ejecutiva de AI en Chile, Ana Piquer, según consignó el documento.

La omisión, según AI, se tradujo en la “escasa o nula exigencia de responsabilidades administrativas” por parte de los superiores y en la falta de mecanismos de control interno tras la comisión de las violaciones de derechos humanos.

“También, de forma deliberada, estos mandos habrían obstaculizado el acceso a la información a la Fiscalía y permitido la impunidad al interior de la institución”, señaló la organización.

AI denunció que los máximos responsables de Carabineros durante las protestas no solo no han sido investigados sino que en algunos casos se les ha ascendido, y condenó igualmente que hoy día se sigan repitiendo “conductas de uso desproporcionado de la fuerza” y que el Gobierno mantenga “un discurso de apoyo irrestricto” a ese cuerpo policial.

El estallido social del 18 de octubre de 2019 contra el modelo neoliberal de Chile, la ola de protestas más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), dejó una treintena de muertos, así como miles de heridos y de detenidos por episodios de violencia extrema, vandalismo, saqueos e incendios, entre otros.

Al mismo tiempo, las fuerzas del orden del cuerpo policial de Carabineros y del Ejército quedaron en entredicho y fueron acusadas de ejercer represión y violar derechos humanos para sofocar las protestas.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) compiladas por AI en su comunicado, a marzo de 2021 se contabilizan más de 8.000 víctimas de presunta violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular.

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