La Habana, 4 abr (EFE).- La ONG Amnistía Internacional (AI) se mostró este jueves “muy preocupada” con la situación de los derechos humanos en Cuba en general -y en particular con los de expresión y asociación- en una nueva publicación dedicada a la isla.
El informe, titulado Imágenes de rebeldía, incluye valoraciones sobre la situación en el país, perfiles de las cinco personas que AI considera presos de conciencia actualmente en Cuba y distintas muestras de solidaridad con estas personas.
El objetivo, explicó en una entrevista a EFE la investigadora regional de AI para el Caribe, la cubana Johanna Cilano, era “visibilizar la acción global de solidaridad” con los presos de conciencia cubanos y también seguir alentando esa “solidaridad en defensa de los derechos humanos”.
Resaltó que uno de esos presos cubanos, el artista y disidente Luis Manuel Otero Alcántara, ha recibido 21.000 cartas de apoyo a raíz de una campaña de AI para denunciar su caso.
Otero Alcántara, uno de los rostros más conocidos del movimiento San Isidro, fue condenado a cinco años de cárcel por usar una bandera cubana en un performance artístico y tratar de sumarse a las protestas del 11 de julio de 2021.
La investigadora aclaró que AI no hace listados exhaustivos de presos, sino que destaca casos que considera relevantes, “voces conocidas y con trayectoria”, que pueden “movilizar” a la opinión pública internacional por su persona y por el motivo de su detención.
Actualmente, AI considera presos de conciencia a otros cuatro cubanos además de Otero Alcántara: el músico Maykel Osorbo, el disidente José Daniel Ferrer García, el religioso yoruba Loreto Hernández García y la sacerdotisa yoruba Donaida Pérez.
No obstante, añadió Cilano a EFE, AI está estudiando reconocer a varios presos de conciencia más en Cuba, posiblemente en el primer semestre de este año. Esto implica cumplir una serie de “requisitos”, pero también la capacidad de la ONG para realizar el “seguimiento” del caso.
Canales de expresión
Para esta investigadora, la situación en Cuba es “preocupante” por la “falta de canales para expresar inquietudes de las disidencias”, la necesidad ciudadana de “reclamar derechos sociales” en un contexto de “deterioro de las condiciones económicas” y la persistencia de “patrones represivos”.
Señaló en este sentido las “reticencias” del Gobierno cubano a cualquier recomendación sobre derechos humanos, especialmente civiles y políticos, por parte de organizaciones multilaterales y ONG internacionales, y su negativa a cualquier auditoría externa.
También “preocupan mucho” movimientos legales como la aprobación del nuevo Código Penal y la Ley de Comunicación social, que AI subraya que restringen el ejercicio de derechos humanos sociales y políticos; y el retraso en legislar sobre derechos consagrados en la Constitución de 2019, como los de asociación y manifestación.
Cilano señaló asimismo la “imposibilidad” de ejercer la libertad de prensa, con el “acoso” y las “represalias” al periodismo no oficialista y los “patrones represivos claros” que limitan la libertad religiosa, cuya intensidad ha oscilado a lo largo del tiempo y de las distintas confesiones.
La investigadora recordó que AI ha criticado las sanciones de EE.UU. a Cuba, que considera tienen un “impacto” sobre los derechos humanos, pero esto “no es excusa para que el Gobierno cubano no garantice y proteja los derechos humanos de la ciudadanía cubana”.
Sobre el fuego cruzado entre Washington y La Habana en el que los primeros priorizan las libertades de expresión y manifestación y los segundos el derecho de acceso universal a la educación y la sanidad, Cilano zanjó: “No hay unos derechos por encima de otros”.
