La Paz, 21 abr (EFE).- La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez increpó y acusó de “prevaricador” a un juez boliviano, que lleva el proceso contra la exmandataria por la muerte de civiles durante la crisis de 2019, y luego abandonó una audiencia virtual que se desarrollaba este jueves sobre ese caso.
En la audiencia estaba previsto que la Fiscalía presentara contra Áñez la imputación por los delitos de genocidio, homicidio, lesiones graves y leves, a raíz de la muerte de diez civiles en un enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en el barrio de Senkata, en El Alto, ciudad vecina de La Paz.
El proceso está en manos del juez Marco Antonio Amaru, quien a principios de año se declaró competente en el caso por la vía ordinaria, pese a que una proposición acusatoria de la Fiscalía por los mismos hechos permanece en el Parlamento sin resolverse desde mediados de 2021.
En la audiencia uno de los abogados de Áñez pidió al juez que le concediera la palabra a la exmandataria, quien tuvo una intervención de más de dos minutos.
“Me encuentro ante un juez que instala una audiencia nula de pleno derecho, ilegal, inconstitucional, violentándome todos mis derechos y consciente de que está cometiendo prevaricato”, aseveró Áñez dirigiéndose al magistrado.
La expresidenta de transición acusó al Gobierno del presidente Luis Arce de “seguir inventando procesos” e insistió en que el juez Amaru comete “prevaricato” o ejerce una atribución contraria a la ley y un “abuso” en su contra.
Áñez, como en otros casos que también se le siguen por la vía ordinaria, aseguró que no reconoce esa jurisdicción y exigió que sus actos, mientras ocupó la Presidencia interina del país, “sean juzgados en un juicio de responsabilidades”.
“Quiero dispensar y prescindir en este proceso de mis tres abogados de confianza”, añadió.
“No me voy a prestar a esta patraña y me retiro porque no lo reconozco a usted señor Amaru porque es un prevaricador consciente”, finalizó Áñez.
Ante esto, el juez postergó el acto judicial para el próximo mes, para lo que Áñez deberá contar con abogados de defensa pública.
La exmandataria de transición, detenida hace más de dos años, afronta varios procesos por la crisis de 2019, entre ellos un caso por el que fue sentenciada a 10 años de prisión al situarse “indebidamente” en línea de sucesión constitucional después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales y varias altas autoridades.
El oficialismo sostiene que las protestas registradas en ese año se debieron a un “golpe de Estado” contra Morales, mientras que la oposición asevera que se cometió un fraude electoral a favor del entonces presidente en las anuladas elecciones de 2019.
Áñez afronta otros procesos penales por acciones durante su Gobierno, que también se desarrollan por la vía ordinaria.
En varias audiencias y declaraciones, la ex jefa de Estado interina se ha abstenido en declarar y dispensó a sus abogados por considerar que los actos de los fiscales y jueces que administran los procesos en su contra “son nulos” e ilegales.
