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La Paz, 13 nov (EFE).- La exmandataria interina de Bolivia Jeanine Áñez recordó este domingo los cuatro años de su llegada a la Presidencia del país en medio de la crisis social y política de 2019, por la que se encuentra en prisión preventiva dentro de diversas acusaciones penales a instancias del oficialismo.

En un mensaje en la red social X, Áñez (2019-2020) sostuvo que fue y será la segunda vicepresidenta de la Cámara alta boliviana que, “ante renuncias en cadena, caos, violencia y odio ordenados por el huido (expresidente) Evo Morales,” asumió “por sucesión constitucional la Presidencia del Senado y luego de Bolivia”.

“Pacifiqué (el país) y lo volvería a hacer por la democracia y el pueblo boliviano”, agregó.

Jeanine Áñez asumió el 12 de noviembre de 2019 el mando interino del país como segunda vicepresidenta del Senado, dos días después de la renuncia de Evo Morales y de todos los funcionarios en línea de sucesión presidencial.

Morales dimitió y salió del país asegurando ser víctima de un “golpe de Estado”, en medio de protestas ciudadanas por denuncias de un fraude electoral a su favor en las elecciones generales de 2019 que luego fueron anuladas.

Áñez era, hasta ese momento, una política con poca relevancia que activó un mecanismo de sucesión, sin el quórum necesario en el Parlamento, donde la mayoría le pertenecía al partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), acción que fue respaldada en su momento por el Tribunal Constitucional tras una interpretación a la norma sobre casos de vacío de poder.

La política fue detenida y encarcelada en marzo de 2021 dentro del proceso conocido como “golpe de Estado I”, iniciado por una exdiputada del MAS y en el que se le acusa de terrorismo y conspiración por la crisis de 2019.

El año pasado Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por otro proceso, el “golpe de Estado II”, en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.

La Fiscalía y el Gobierno consideraron que Áñez se proclamó presidenta vulnerando los reglamentos parlamentarios, y que esa responsabilidad debía caer sobre un legislador del MAS, mientras que la defensa de la exmandataria interina defendió que hubo un vacío de poder tras la renuncia de Morales.

Áñez siempre reclamó un proceso especial como expresidenta y en mayo pasado denunció al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarle un juicio de responsabilidades.

La expresidenta transitoria afronta al menos siete procesos en la justicia ordinaria, entre ellos los casos conocidos como “Sacaba” y “Senkata”, ambos por las muertes de civiles durante la crisis de 2019.

En las dos últimas semanas, dos tribunales se declararon incompetentes para juzgarla por la vía ordinaria en los casos “Senkata” y “Sacaba”, lo que fue destacado por la exgobernante.

Evo Morales consideró que estas resoluciones judiciales responden a un supuesto “acuerdo” entre la oposición y el Gobierno de Arce, del que el exmandatario está distanciado, e insistió en que hubo un “golpe de Estado” en su contra.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, rechazó este domingo que haya tal acuerdo y aseguró que el Ejecutivo no comparte las decisiones de los juzgados, por lo que presentó los recursos de apelación correspondientes.

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