BUENOS AIRES, 30 DIC (AP) — La legalización del aborto en Argentina, fuertemente cuestionada por la Iglesia católica, supone un hito del movimiento feminista y podría ser el puntapié de un reclamo extendido en un continente tradicionalmente conservador.

La ley que legaliza el aborto fue aprobada la madrugada del miércoles en el Senado por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, un resultado más holgado del que se esperaba. La Cámara de Diputados ya le había dado el visto bueno a la iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández el 11 de diciembre.

Argentina, el tercer país más grande de América Latina, se sumó así a un listado que incluye a Uruguay, Cuba, la Ciudad de México, el estado mexicano de Oaxaca, las Antillas y la Guayana Francesa entre los que no castigan el aborto en la región.

El gobierno dijo que la promulgación de la ley tendrá lugar en los 10 días hábiles siguientes a su aprobación, tras lo cual procederá a reglamentarla para que pueda hacerse efectiva en un plazo que espera que sea breve.

La norma, que habilita el derecho a abortar hasta la semana 14 de gestación, es una victoria para el movimiento de mujeres de Argentina después de varias décadas de lucha y alienta las expectativas de que otros países se decidan a legislar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en un continente donde la Iglesia católica tiene una gran influencia.

Fernández expresó su satisfacción y señaló que la sociedad es “mejor al ampliar derechos a las mujeres y garantizar la salud pública”.

Por su parte, la organización Amnistía Internacional celebró el “logro, que sirve como inspiración para que otros países de la región y el mundo avancen en el reconocimiento del acceso al aborto legal y seguro”.

Pero al mismo tiempo la nueva norma constituye un revés para el papa Francisco en su país natal y abre una grieta con la Iglesia católica local.

El episcopado argentino afirmó en un comunicado que “esta ley que ha sido votada ahondará aún más las divisiones en nuestro país” y lamentó “profundamente la lejanía de parte de la dirigencia del sentir del pueblo”.

Los religiosos anunciaron que seguirán trabajando por las “auténticas prioridades”, como “los niños y niñas que viven en la pobreza en cantidad cada vez más alarmante, el abandono de la escolaridad por parte de muchos de ellos, la apremiante pandemia del hambre y la desocupación que afecta a numerosas familias, así como la dramática situación de los jubilados”.

Unas palabras de Francisco pronunciadas poco después de la votación de la ley fueron interpretadas en Argentina como una muestra de su desaprobación. “Vivir es ante todo haber recibido la vida. Todos nacemos porque alguien ha deseado para nosotros la vida”, dijo el pontífice en un mensaje escrito.

Poco antes de la aprobación de la ley el papa había señalado en Twitter que “toda persona descartada es un hijo de Dios”.

La nueva ley podría tensar la relación de Francisco con el presidente y la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007- 2015), muy cercana al pontífice durante su gestión.

También genera dudas sobre la esperada visita del papa a su tierra, adonde no viajó desde que se convirtió en el jefe de la Iglesia católica en 2013.

La ley establece que las mujeres y otras personas “con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Pasado ese plazo, el aborto será legal sólo en los casos de embarazo por violación o riesgo de vida para la gestante.

Hasta ahora las únicas excepciones contempladas para abortar en Argentina eran los casos de violación y el riesgo para la salud de la madre. Sin embargo, varias provincias se negaban a habilitar la práctica.

Los abortos clandestinos han causado más de 3.000 muertes en el país desde 1983, según las autoridades. Cada año alrededor de 38.000 mujeres son hospitalizadas por procedimientos mal realizados.

La norma contempla que la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento para abortar a partir de los 16 años. Los menores de edad tendrán que ejercer el derecho a través de un representante legal.

Además incluye la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y las instituciones privadas en las que todos sus médicos estén en contra de la práctica, pero establece que los centros que no cuenten con profesionales dispuestos a realizar el procedimiento deberán remitir a las pacientes a otra institución.

El médico no podrá alegar objeción de conciencia en caso de que la salud de la embarazada esté en peligro.

Los profesionales de la salud que se nieguen a cumplir con la interrupción del embarazo en los términos comprendidos por la ley estarán sujetos a sanciones que van de los tres meses a un año en prisión y la suspensión de su licencia profesional por el doble de tiempo de la condena.

La ley garantiza además la cobertura integral y gratuita del aborto en el sistema de salud público y privado.

Los legisladores que votaron en contra vaticinaron una catarata de demandas ante la justicia por considerarla inconstitucional.

Después de legalizar el aborto, el Senado aprobó por unanimidad una ley de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. El proyecto ya había recibido el aval de los diputados.

Entre otras ayudas, contempla el pago de una suma de dinero que se abonará una vez al año a las madres “por cada niño o niña menor de tres años de edad que se encuentre a su cargo, siempre que hayan tenido derecho al cobro de la prestación” y “siempre que acrediten el cumplimiento del plan de vacunación y control sanitario”.