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Lima, 23 nov (EFE).- Una asociación civil peruana presentó este miércoles ante el Congreso una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo y los integrantes de su gabinete, entre ellos el primer ministro, Aníbal Torres, por haber planteado una cuestión de confianza para derogar una ley que limita el referéndum.

La Asociación Civil por la Integridad interpuso esta denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento por considerar que el mandatario y su Consejo de Ministros actuaron “inconstitucionalmente” el pasado 17 de noviembre, cuando Torres acudió al pleno para pedir el voto de confianza.

El primer ministro usó este mecanismo constitucional para un proyecto del Ejecutivo que plantea derogar la norma que limita los derechos de participación y control de la ciudadanía, mediante referéndum, en las reformas constitucionales.

La asociación civil, sin embargo, argumentó que la aprobación o derogación de dicha ley es “competencia exclusiva y excluyente” del Legislativo y acusó al Gobierno de tener “el único propósito de forzar una negociación de confianza y propiciar la disolución del Congreso, valiéndose, ilegítimamente, del artículo 134 de la Constitución”.

Este artículo de la Carta Magna establece que el presidente está facultado de disolver el Parlamento si este le niega dos veces su confianza, como hizo el expresidente Martín Vizcarra en 2019.

UNA VEINTENA DE DENUNCIAS

Según informó el lunes pasado el presidente del Legislativo, José Williams, Castillo acumula una veintena de denuncias en el Congreso, de las cuales “solo tres fueron presentadas por congresistas, una por la fiscal general y dieciséis por ciudadanos”.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó este martes al Legislativo anular la denuncia contra el mandatario que plantea inhabilitarlo por cinco años por “traición a la patria” por haber declarado que Perú podría facilitar una salida al mar para Bolivia.

El alto tribunal consideró que el informe que aprobó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales referido a esta denuncia no es acorde con parámetros de racionabilidad, incumple con la debida motivación y “no hace referencia a ningún elemento objetivo” que permita concluir que Castillo pretenda ceder parte del territorio nacional al país vecino.

En cambio, la denuncia constitucional que presentó la fiscal general, Patricia Benavides, contra el jefe de Estado por presunta corrupción está avanzando en su periplo parlamentario, pues ahora está en manos de la Comisión Permanente del Legislativo, la antesala para un eventual debate y votación en el pleno.

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