CIUDAD JUÁREZ/SAN FRANCISCO, 31 mayo (Reuters) – Virginia, una joven guatemalteca de 18 años que está buscando asilo en Estados Unidos, sólo llevaba su partida de nacimiento como identificación cuando llegó a ese país luego de un largo viaje a través de México.
Pero tras ser devuelta a México, donde espera en un albergue de la frontera a que se decida su caso, los funcionarios estadounidenses a quienes se presentó originalmente se negaron a devolverle su documento.
“Si preguntaba más, se enojaba más”, dijo la joven sobre cuando preguntó por su identificación.
Ahora, decepcionada con el proceso de asilo, está considerando retirar su solicitud y volver a casa, pero está preocupada sin una identificación que mostrar a las autoridades en su camino de vuelta. Virginia habló a condición de que sólo se usara su primer nombre, para evitar llamar la atención sobre su caso.
Funcionarios de Ciudad Juárez en México y abogados migratorios dicen que hay muchos buscadores de asilo en esa misma situación y sin identificación, que fue confiscada por los funcionarios de Estados Unidos antes de devolverlos a México. Y sin identificación puede ser difícil encontrar trabajo en México, recibir dinero de sus familias o incluso volver a casa.
Un funcionario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien declinó ser nombrado, dijo que la política federal desde 2015 es devolver sus bienes a los migrantes al ser liberados de custodia, salvo por documentos considerados fraudulentos o alterados.
Pero no aclaró si esa política se sigue de forma consistente y no se refirió a casos específicos.
El excomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos cuando esos estándares fueron creados, Gil Kerlikowske, dijo que el gran volumen de casos actual podría explicar un alejamiento de la política. “Yo creí que habíamos resuelto ese problema”, dijo, pero agregó que “entiendo en enorme número de personas con las que están lidiando”.
Nuevas reglas del gobierno de Estados Unidos, llamadas Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) obliga a los migrantes a esperar al sur de la frontera mientras sus casos se resuelven. Alrededor de 3,400 personas han sido enviadas a Ciudad Juárez desde marzo bajo esas reglas.
Un funcionario de Ciudad Juárez que trabaja directamente con migrantes, y que pidió el anonimato, dijo a Reuters que la mayoría de quienes ha visto han sido enviados de vuelta a México sin sus identificaciones. Algunas personas los pierden, dijo, pero otros se han quejado de que les fueron retenidos en Estados Unidos.
Otro funcionario, Enrique Valenzuela, coordinador general de la Comisión Estatal de Población del estado Chihuahua, dijo que los migrantes devueltos han llegado a las oficinas migratorias de Ciudad Juárez a pedir ayuda, diciendo que “no traían sus documentos de identidad porque les habían sido retirados”.
Funcionarios de Ciudad Juárez mencionaron el asunto a autoridades estadounidenses en mayo, y el problema parece haberse reducido en días recientes, agregó, aunque no dio detalles de la discusiones. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos declinó comentar.
En una reciente visita a la ciudad, Reuters se encontró con 10 migrantes junto con Virginia que dijeron que los funcionarios estadounidenses no les devolvieron sus documentos. Reuters no pudo verificar independientemente sus declaraciones.
Abogados migratorios en Estados Unidos dicen que la retención de documentos ha sido un problema de larga data entre los migrantes, ya sea que sean liberados en ese país o devueltos a sus países de origen. Pero la situación es más preocupante en el caso de los aplicantes al programa MPP, pues ellos están esperando en un país que no es el suyo y son más vulnerables a ser arrestados o detenidos. DHS tampoco comentó sobre el tema.
En un caso, un buscador de asilo guatemalteco pidió ayuda a un policía de Ciudad Juárez para volver con su hija menor de edad a su país. Rogelio Pinal, director de derechos humanos en la ciudad y quien ayudó a manejar la situación, dijo que el migrante y su hija esperaron más de cinco horas porque el padre no tenía documentos para probar que la niña era su hija.
El padre dijo que la partida de nacimiento de la niña se quedó en manos de autoridades estadounidenses, expresó Pinal y otro funcionario mexicano que conoció el caso. Al final, pudieron probar su relación por otros medios y fueron llevados a un albergue para considera sus opciones, agregó Pinal.
LARGO CAMINO A CASA
Nancy Oretskin, una abogada migratoria de Las Cruces en Nuevo México, dijo que uno de sus clientes, un buscador de asilo de El Salvador, le dijo a un juez durante su audiencia migratoria el 9 de mayo en El Paso que quería volver a casa a ver a su hijo enfermo de seis años.
La fiscalía le aseguró al juez que la identificación de su cliente -en posesión de autoridades migratorias-, le sería devuelta, pero eso no ocurrió, agregó.
Oretskin y Ariana Sawyer, de Human Rights Watch, dijeron que representantes fueron al medio del puente entre Ciudad Juárez y El Paso, en Texas, para pedir por última vez el documento, pero que los funcionarios estadounidenses se negaron a hablarles. DHS tampoco comentó sobre el caso.
El salvadoreño, Elmer, dijo a Reuters que su única opción fue viajar más de 1,000 kilómetros al consulado de su país en Monterrey para pedir un documento de reemplazo. Elmer pidió que su apellido no fuese mencionado, preocupado por su seguridad en El Salvador.
Incluso abordar el autobús podría haber sido complicado sin documentos, pero Elmer dijo que el conductor fue comprensivo y se ofreció a ayudar si el vehículo era detenido por las autoridades.
“Importa más tu hijo”, le dijo el conductor. Elmer regresó a casa luego de que el consulado le dio una identificación temporal, pidiendo aventones y usando autobuses. Pero mientras estuvo sin documentos en Ciudad Juárez, agregó, “me sentí como encarcelado”.
