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Madrid, 1 Diciembre (EFE).- “Piso 3 habitaciones al lado del metro de Usera con el agua y la luz”; “Casa baja tipo loft lo que ves en el vídeo sin alarma en Leganés”; “Pisos del banco para hoy mismo, con DNI o sin DNI”. Son “ofertas” que se publicitan en redes sociales para “okupar” ilegalmente viviendas propiedad de bancos, fondos de inversión o empresas.

Se trata, en suma, de viviendas vacías de las que, en general, son propietarios esas entidades y, por tanto, su okupación supondría un delito de usurpación, con un castigo menor que el de allanamiento, en el que incurrirían si estuvieran habitadas ya fuera como primera o como segunda residencia.

Son cientos las viviendas que se están “okupando” con la oferta en las redes. Y por un precio que oscila entre los 1.200 y 1.600 euros -el desemnbolso más caro es con DNI-, una cantidad que el “inquilino” arriesga porque seguramente podrá vivir en esa casa un buen número de meses -incluso años- y con el agua y la luz gratis, es decir, a cuenta de su legal propietario.

Ofertas en redes sociales

Así lo denuncia a EFE el abogado Luis García Botella, de GBA Label Abogados, un despacho que ya ha llevado hasta la Policía un buen número de denuncias después de constatar que casi una cuarentena de cuentas de TikTok -una de las redes en las que se ofertan- han publicitado una importante cantidad de viviendas de sus clientes.

“Como consecuencia de la necesidad social de vivienda, se ha profesionalizado sin rubor esta delincuencia”, reflexiona este abogado para argumentar este aumento de la oferta que, como ha comprobado EFE, se encuentra con mucha facilidad en las redes sociales, sin necesidad de “bucear” mucho.

Anuncios plagados de faltas de ortografía -como el mencionado ‘lof’ o ‘abitación’, por ejemplo- que en muchos casos incluyen un vídeo montado con capturas de las fotos de viviendas que aparecen en portales inmobiliarios legales, sobre todo de distritos de Madrid y de localidades de la comunidad madrileña. Pero esta actividad ilícita también trasciende las fronteras de la región madrileña. De hecho, en una de las cuenta se avisa: “estaremos por Valencia”.

Por oferta y a demanda García Botella relata cómo es el ‘modus operandi’ de estos grupos o individuos que realizan la oferta.

Una vez montado el vídeo con imágenes captadas de los portales inmobiliarios (algunos anuncios tienen esas fotos), lo suben a la red social correspondiente con un texto que en unos casos contiene la zona, en otros el precio, en muchos el “detalle” de que cuenta con agua y luz y en otros hasta se dice de quién es: de un banco, del IVIMA…

Cuando el interesado lo ve, ya en privado se pone en contacto con la persona que lo oferta, quien previamente ha contactado con un cerrajero para cambiar el bombín de la puerta y no tener que forzarla para entrar.

“Profesionalización” de la actividad delictiva

Si el futuro “inquilino” la va a okupar con DNI, el precio es más caro. Y es que, como recalca el abogado, si el legítimo propietario denuncia la okupación y la Policía se persona en la vivienda, solo podrá tomar la filiación de los okupantes para incorporarlo a un procedimiento judicial que, en general, es largo, de tal manera que podrán seguir viviendo en la casa durante meses.

A veces, si es con DNI, los ofertantes garantizan la “reposición” en el caso de que el negocio salga mal y no se haya podido culminar.

Solo si la Policía sorprende “in fraganti” a los okupas y están indocumentados, podría desalojarlos.

Porque el procedimiento es más lento que cuando se trata de allanamientos de las viviendas de particulares, en los que tanto la Fiscalía como el Ministerio del Interior han dictado instrucciones para actuar con la mayor celeridad.

García Botella recuerda también las dificultades que tiene el propietario para no pagar el agua y la luz, ya que si corta estos suministros “es denunciado por coacciones”.

Y si además entre los “inquilinos” hay personas vulnerables o niños, el proceso judicial de desalojo se dilata enormemente, precisa el abogado.

Según los datos de los que dispone, los intentos de okupación de este tipo de viviendas de bancos, empresas o fondos de inversión casi se han triplicado como consecuencia de esta “profesionalización” de esta actividad ilícita.

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