Santiago de Chile, 26 ene (EFECOM).- El Parlamento chileno aprobó este miércoles un proyecto de ley para subir la pensión básica, la que reciben las personas de menos recursos, de 176.000 pesos (sobre 210 dólares) a 185.000 pesos mensuales (220 dólares), superando por primera vez el umbral de la pobreza.
“Nuestro compromiso es mejorar la vida de los mayores. Lo cumplimos ampliando y fortaleciendo Pilar Solidario (…) que hoy aprobó el Congreso y que beneficiará a 2,5 millones de personas”, afirmó el mandatario, Sebastián Piñera, que ingresó la iniciativa en diciembre del año pasado.
La Cámara de Diputados aprobó de forma unánime la norma, que consagra la Pensión Garantizada Universal (PGU), anteriormente conocida como Pilar Solidario, y que amplía su cobertura al 90 % de los pensionados de menos ingresos, lo que equivale a 600.0000 ciudadanos más.
Este subsidio, que todavía debe ser promulgado, tendrá un costo fiscal de 0,98 % del PIB, dos tercios de los cuales provendrán de eliminación de exenciones tributarias, y un tercio del presupuesto contemplado inicialmente para el proyecto de reforma del sistema de pensiones, informó un comunicado del Ministerio de Hacienda.
El monto llegará directamente al ciudadano sin pasar por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las entidades privadas que normalmente gestionan este capital.
El sistema de pensiones de Chile, ideado por José Piñera -hermano del actual mandatario-, e instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es pionero en la capitalización individual y obliga a cada trabajador a aportar un 10 % mensual de su sueldo a un fondo gestionado por alguna de las AFP.
Las personas que obtienen pensiones más bajas o quienes no cotizan reciben una participación estatal, aunque la mitad de los contribuyentes no llegaba a recibir un monto superior a la línea de la pobreza en 2021, según datos de la Fundación Sol.
Las pírricas jubilaciones fueron una de las grandes reivindicaciones de la crisis social que comenzó en 2019 y que se extendió durante más de un año con masivas marchas por la igualdad y por un sistema menos privatizado.
“Estamos conformes porque después de tres años, el Gobierno nos hizo caso. Nosotros pedimos esta pensión en 2018, que garantiza un piso mínimo de dignidad”, afirmó el diputado opositor Raúl Soto, del Partido por la Democracia (PPD, centro-izquierda).
La propuesta se enmarca dentro de la reforma al sistema de pensiones que persigue Gobierno, sobre la que ya se había presentado otro proyecto que implica un incremento del 6 % de las cotizaciones con cargo al empleador, que lleva años estancada en el Parlamento.
“Mejorar las pensiones es un largo camino, pero tenemos que recorrerlo a la brevedad y con responsabilidad”, agregó la diputada oficialista Sofía Cid, de Renovación Nacional (RN). EFECOM
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