Santiago de Chile, 24 sep (EFE).- Cientos de migrantes se encuentran varados en la pequeña localidad chilena de Colchane, en el límite con Bolivia, y miles en la ciudad más próxima, Iquique, tras ingresar al país por pasos fronterizos clandestinos, una situación que amenaza con colapsar la región.
La mayoría llega desde Venezuela buscando una oportunidad en Chile, pero entre las restricciones sanitarias, la política migratoria y su escasez de recursos económicos quedan atrapados sin poder continuar el viaje por el país.
A Colchane entran un promedio de 150 a 200 personas al día, según datos que maneja el alcalde de esta comuna de poco más de 1.500 habitantes, Javier García, quien alertó de una “avalancha de migrantes irregulares”.
El edil teme que con la mejoría del tiempo en estos meses de primavera y del próximo verano austral se produzca una saturación como la de febrero de este año, con cerca de 2.000 personas arribando al lugar de forma irregular.
Cuando los migrantes llegan a Colchane, son alentados por las autoridades a presentarse en la Comisaría para declarar su situación irregular y que de esta manera les puedan hacer un test de antígenos de covid-19 y luego ser trasladados a una estadía en Iquique para hacer una cuarentena.
Pero ese proceso puede demorar días o semanas, por lo que quedan varados en la localidad, copando albergues, plazas y calles, pendientes de que en algún momento el Servicio de Salud de Iquique los traslade a la ciudad, cuando existan cupos en las residencias sanitarias.
Los que deciden no presentarse tratan de ir por su cuenta a Iquique, pero las autoridades han puestos restricciones a los vehículos particulares y buses con el fin de que no los trasladen, contó a Efe Rodolfo Noriega, secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile.
Ante la epopeya de hacer un trayecto a pie de más de 250 kilómetros a través del desierto y sobre 3.500 metros de altura, muchos desisten y quedan sin rumbo en Colchane.
Otros cortan las carreteras, incluso con barricadas, denunció el alcalde, con sus niños en brazo y las maletas esparcidas por las rutas, intentando ser acogidos en algún vehículo.
DEAMBULANDO POR IQUIQUE
A los que llegan a Iquique, una vez acabada la cuarentena se les entrega un documento que les permite viajar de una región a otra del país, pero para entonces a muchos ya no les alcanza el dinero, tras ser víctimas del lucro de terceros, que les piden un precio mucho mayor del esperado para acceder a un pasaje de autobús.
“Contábamos con un dinero exacto pero aquí se aprovechan, algunos compatriotas y otras personas ponen precios más caros, no nos alcanzan y no nos podemos ir”, dijo a Efe Loanmi García, venezolana que llegó hace dos semanas a Chile y lleva ya dos días durmiendo en las calles de Iquique, “pasando frío y hambre”, esperando poder salir para llegar a Santiago.
A los negocios informales se suman los abusos, como el que sufrió la venezolana Mileydi Márquez, que fue víctima de una estafa y ahora está en la calle, sin medios para salir de Iquique.
“Se llevaron mi dinero y por eso no me he podido ir. Me dijeron que pagara un pasaje y el hombre del bus se fue y no lo vimos más”, dijo a Efe.
Es así como en esta ciudad se han formado campamentos de migrantes en plazas y espacios públicos, algunos que se extienden ya por más de un año, como el de Plaza Brasil, donde se acantonan varios centenares de personas, y otros que se montan y desmontan casi a diario, como los de las playas.
Este viernes, agentes policiales acudieron a desalojar las carpas de Plaza Brasil, lo que dejó a estos migrantes a la deriva por la ciudad.
UNA FRONTERA PERMEABLE DESDE HACE DÉCADAS
La frontera con Bolivia ha sido una zona de entrada irregular al país desde hace décadas, pero la situación ahora “se hace más visible por las medidas restrictivas alentadas por el tema sanitario”, dijo Noriega.
“Y se hace más crudo en un lugar (Colchane) donde no hay atención medica, hay solo una Comisaria… ¡Qué servicio público va a poder soportar el ingreso sistemático de personas en la frontera?”, expresó.
Por ello, emplazó al Gobierno a que destine más recursos para atender las necesidades sanitarias de los migrantes y de la población local, y a buscar la manera de hacer discurrir el flujo migratorio de manera regular, por ejemplo “promoviendo una regulación migratoria extraordinaria”.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, defendió el despliegue de militares en la zona y anunció en rueda de prensa que pronto volverán a hacerse expulsiones masivas de migrantes, una política que paralizó la Corte Suprema y que ha sido criticada por organizaciones internacionales y de derechos humanos.
Tanto el alcalde de Colchane como el gobernador de la región Tarapacá (en la que se ubican Colchane e Iquique), José Miguel Carvajal, expresaron en medios locales que la militarización no ha dado resultados y que se sienten abandonados por el Ejecutivo central.
Además, denunciaron un creciente clima de inseguridad, con robos y saqueos ante la necesidad de los migrantes, y alertaron del peligro de estigmatización del extranjero por parte de la población local.
Según la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, entre enero y julio de este año se registraron 23.673 denuncias por ingreso al país por pasos no habilitados, lo que supone un 40 % que en todo 2020.
Entre los que intentan llegar, al menos 12 personas han muerto en lo que va de año en la tortuosa frontera norte, en pleno desierto de Atacama, con temperaturas extremas de calor en el día y de frío en la noche.

Migrantes acampan en la plaza Brasil de la ciudad de Iquique, ubicada a unos 1700 kilometros al norte de Santiago (Chile). EFE/Lucas Aguayo
Migrantes acampan en la plaza Brasil de la ciudad de Iquique, ubicada a unos 1700 kilometros al norte de Santiago (Chile). EFE/Lucas Aguayo