Lima, 7 jul (EFE).- La Comisión Permanente del Congreso peruano aprobó una denuncia constitucional planteada por la Fiscalía de la Nación contra el expresidente Martín Vizcarra por las presuntas contrataciones irregulares del cantante Richard “Swing” Cisneros durante su Gobierno (2018-2020).

La Comisión Permanente declaró procedente, por unanimidad, la denuncia constitucional contra Vizcarra y contra las exministras de Cultura Patricia Balbuena, Ulla Holmquist y Sonia Guillén por la contratación de Cisneros en ese ministerio, a pesar de que no cumplía con el perfil para el puesto encargado.

La Fiscalía de la Nación denunció a Vizcarra por peculado doloso, negociación incompatible, tráfico de influencias agravado y obstrucción a la justicia, mientras que las exministras afrontan también los dos primeros cargos.

En la sesión realizada este martes, la Comisión Permanente aprobó otorgar un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que presente su informe final de la denuncia constitucional contra Vizcarra, que postuló al Congreso en los comicios de abril pero fue impedido de ejercer cargo público por las acusaciones en su contra.

La denuncia por obstrucción a la justicia responde a las conversaciones sostenidas presuntamente en el Palacio de Gobierno por Vizcarra con otros funcionarios sobre la forma en la que debían dar su testimonio en la investigación fiscal abierta tras la revelación de la contratación de Richard Swing, un desconocido cantante que conoció al exmandatario en la campaña electoral de 2016.

A su vez, las exministras son investigadas por haber intervenido presuntamente en la adecuación de los servicios para la contratación de Cisneros y haber atendido las llamadas de la exsecretaria de la Presidencia Miriam Morales para coordinar su contrato y pago.

Por otro lado, la Comisión Permanente también aprobó darle 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que realice la investigación y presente su informe final respecto a la denuncia constitucional sobre el “vacunagate” contra Vizcarra.

Al exmandatario se le acusa de los delitos de concusión, colusión agravada, cohecho pasivo propio, negociación incompatible y falsificación de documentos, debido a su vacunación irregular con las dosis enviadas por el laboratorio chino Sinopharm para hacer los ensayos de su candidata a vacuna en Perú.

La Comisión rechazó una solicitud hecha por Vizcarra en la que renunciaba a la prerrogativa del antejuicio político, y decidió, en su lugar continuar con la denuncia constitucional.