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Santiago de Chile, 16 mayo.- La situación en La Araucanía, Chile, ha tomado un giro preocupante tras dos años bajo el estado de emergencia implementado por el gobierno para contener actos de violencia. Expertos alertan ahora de una escalada en los niveles de violencia, que apuntan a una penetración del narcotráfico y el crimen organizado en la región. Este jueves, se reportó el asesinato de tres policías en circunstancias extrañas, intensificando la sensación de descontrol en un área de importancia estratégica.

Los esfuerzos del gobierno por estabilizar la región mediante más de 450,000 controles policiales y la creación de bases militares han resultado en más de mil detenciones y 167 condenas. Sin embargo, la efectividad de la militarización frente a este nuevo tipo de violencia más cruenta y criminal está siendo cuestionada.

La Araucanía ha sido históricamente un foco de tensión debido al conflicto con las comunidades mapuche, quienes reclaman territorios ancestrales. La resistencia mapuche ha consistido principalmente en sabotajes, pero nunca había escalado a la violencia directa contra personas hasta ahora. Héctor Llaitul, líder de una organización radical mapuche, fue recientemente condenado a 23 años de prisión, lo que refleja la gravedad del conflicto.

Jorge Araya, experto en seguridad de la Universidad de Santiago, sugiere que la violencia actual podría estar relacionada con actividades de narcotráfico, aprovechando la ubicación estratégica de la región cerca de puertos. Esta situación está probablemente exacerbada por niveles de corrupción dentro de la administración local y la policía, lo que complica aún más la intervención del Estado.

A pesar de los esfuerzos del gobierno, que han logrado una reducción del 51% en incidentes de violencia rural desde 2021, la violencia sigue siendo una preocupación mayor. El despliegue militar, si bien ha reducido algunos delitos, no aborda la dimensión política y las demandas subyacentes de las comunidades indígenas. Esto incluye la devolución de tierras, el acceso a recursos naturales y la educación intercultural.

Salvador Millaleo, exasesor del Ministerio del Interior e investigador asociado, enfatiza que aunque algunos delitos han disminuido, la promesa de erradicar la violencia no se ha cumplido completamente. Subraya la necesidad de un enfoque más sistémico que vaya más allá de la intervención directa y aborde las inequidades y el desequilibrio que alimentan el conflicto.

Judith Shönsteiner, de la Universidad Diego Portales, aboga por un enfoque preventivo que proteja tanto a las fuerzas del orden como a las comunidades involucradas. El país, según Shönsteiner, necesita avanzar en el diálogo sobre estos temas críticos para encontrar soluciones sostenibles que no solo se centren en la seguridad, sino en el reconocimiento y respeto hacia los pueblos indígenas y sus derechos.

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