A punto de cumplirse seis meses de crisis en Nicaragua -las protestas comenzaron el pasado 18 de abril, primero contra las reformas de la seguridad social y más tarde contra el Gobierno-, el país centroamericano sigue sin encontrar una salida negociada mientras que los organismos internacionales denuncian actos de represión, la economía se resiente y la población opta por huir a otra naciones.
“La crisis nicaragüense ha tenido un saldo en derechos humanos gravísimo”, explica el líder opositor y presidente del Partido Conservador (PC) de Nicaragua, Alfredo César Aguirre (Granada, 1951), en una entrevista, ayer, en Madrid.
Esta deriva recuerda a la encrucijada venezolana, aunque “hay diferencias en el tamaño y en la naturaleza de la economía”, matiza Aguirre, aunque “el camino de la represión que ha tomado el Gobierno de [Daniel] Ortega es muy similar al de [Nicolás] Maduro”.
También se ha tendido a comparar al actual presidente nicaragüense con el dictador Anastasio Somoza. Pero el líder opositor apostilla que el segundo “se guiaba bajo los parámetros de un dictador de derecha” y que acabó renunciando a su cargo “producto de la presión nacional e internacional”.
“El caso de Ortega es más complicado porque es una especie de Fidel Castro evolucionado por los errores que ya vivió en los 80”, añade.
Además, advierte que nadie esperaba el nivel de las violaciones de derechos humanos al que se ha llegado.
Aguirre conoce a fondo la historia reciente de su país, en gran medida porque ha sido parte de ella. Fue diputado por la Unión Nacional Opositora (UNO), un conjunto de formaciones políticas que se creó en 1989 para desbancar del poder al entonces también presidente Ortega y que estuvo encabezado por Violeta Barrios de Chamorro, que acabó ganando las elecciones de 1990 y gobernó hasta 1997. El actual dirigente del PC fue presidente de la Asamblea Nacional bajo su mandato (1991-1993) y, previamente, había sido firmante del acuerdo de paz de Sapoá (1988).
Con esta dilatada experiencia, su objetivo ahora es “contribuir a que haya una negociación política que le dé salida a la crisis y que sea aceptada por todos, nacional e internacionalmente”, destaca el disidente. Una grave situación de la cual se sabe que “hay entre 350 y 500 muertos” por las protestas, una cifra que varía dependiendo de la organización de derechos humanos que ofrezca los datos, más de 2.000 heridos, 500 presos políticos y centenares de desaparecidos, según cifras destacadas por Aguirre.
Su propósito le ha llevado a realizar una gira esta semana por Madrid y Berlín para reunirse con “partidos hermanos” [en el caso de España hace referencia al Partido Popular] “con el ánimo de poder motivar algunas acciones de estos Gobiernos y de la Unión Europea en general, que puedan contribuir a resolver esta situación”.
El último paso de Ortega ha sido declarar ilegales las marchas. “Esto es en la práctica un estado de excepción”, opina Aguirre, quien señala que esta medida no va a parar a los manifestantes y que “el rumbo de represión que ha tomado el Gobierno no va a resolver el problema del país, lo va a profundizar”.
Sin embargo, lo que ya no se puede evitar es el impacto económico y social. “Nicaragua ya está hoy en recesión oficial”, alerta el diputado nicaragüense y el problema migratorio ya es “potencialmente mayor” que el que se está viviendo en Venezuela. “Un millón y medio de nicaragüenses está ya planificando su migración”, augura el presidente del PC, haciendo alusión a los pronósticos vertidos por una reciente encuesta de CID Gallup.
La solución son “elecciones anticipadas, libres y garantizadas por la comunidad internacional. El cuándo es el problema porque Ortega quiere tres años más y el país no aguanta. La oposición quiere hacerlas el próximo año”, concluye.
