Tegucigalpa, 28 abr (EFE).- El Gobierno de Nicaragua que preside el exguerrillero sandinista Daniel Ortega trata “como enemigos y sin derechos” a sus opositores, tras las protestas antigubernamentales que estallaron hace 5 años, según un informe presentado este viernes por un organismo humanitario.
“Desde abril de 2018 hasta la actualidad se ha instaurado (en Nicaragua) un sistema de terror de Estado y una política de detenciones arbitrarias y tortura contra personas consideradas como ‘opositoras’ y tratadas como enemigas y sin derechos”, denunció el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más en su octavo informe sobre tortura.
En ese estudio fueron sistematizados 158 casos de víctimas de torturas, de las cuales 130 son hombres, incluyendo dos menores de edad, y 28 son mujeres, incluyendo una mujer trans, precisó ese organismo.
De las 158 personas víctimas de torturas, 153 participaron en las protestas iniciadas en abril de 2018, ya sea en manifestaciones, plantones o denunciando en redes sociales las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, indicó.
Del total de casos denunciados, 123 personas fueron amenazadas, asediadas u hostigadas previo a su detención, evidenciando un esquema de vigilancia, agregó.
Según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, al menos 151 de los 158 sufrieron tortura, y los 7 restantes fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
LAS PRÁCTICAS DE TORTURAS
Entre las prácticas de torturas, ese organismo mencionó las detenciones violentas, agresiones físicas con golpizas, empujones o arrastramiento, golpes con armas, amenazas con armas, y violencia verbal tales como amenazas de violación sexual y amenazas de muerte, entre otros.
“Estas amenazas o agresiones también fueron proferidas contra familiares, pero resulta especialmente grave que en medio de estas detenciones, en siete casos se denunciara que los agentes policiales golpearon o apuntaron con armas de fuego a niños/as (hijos/as o sobrinos/as de las personas detenidas)”, denunció.
Asimismo, ese Colectivo sostuvo que desde 2018 han logrado evidenciar “más de 40 actos o métodos de tortura contra las personas presas políticas”, entre las que destacan las condiciones extremas e inhumanas de detención, tratos verbales degradantes, golpizas, amenazas de muerte, desaparición forzada temporal, quemaduras, choques eléctricos, tortura por suspensión, desprendimiento de uñas y simulación de ejecución o asesinato”.
La crisis política que vive Nicaragua comenzó con las protestas del 18 de abril de 2018 por las reformas del sistema de seguro social.
Estos hechos acabaron con la vida de al menos 355 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, y desencadenaron una ola de represión contra la disidencia.
El presidente Ortega reconoce que fueron “más de 300” los muertos y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
La crisis política y social se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
