Lima, 4 jun (EFE).- El Poder Judicial de Perú dictó este sábado 36 meses de impedimento de salida del país contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, quien es investigado por un presunto caso de corrupción en el actual gobierno del presidente Pedro Castillo.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria también tomó la misma medida, aunque por 9 meses, contra los actuales congresistas Raúl Doroteo y Darwin Espinoza, del partido centrista Acción Popular.
La orden judicial contra Silva se dio por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal en agravio del Estado, mientras que contra Doroteo y Espinoza fue por la presunta comisión de tráfico de influencias agravado.
La Fiscalía Anticorrupción investiga desde abril pasado las denuncias de irregularidades en la selección de propuestas para la construcción de un puente sobre el río Huallaga, en la Amazonía del país, que se otorgó a un consorcio asesorado por la empresaria Karelim López, quien también está siendo investigada por presunta corrupción.
En estas pesquisas se ha incluido a 13 personas y la Fiscalía considera que existía una organización criminal enquistada en el actual Ejecutivo, que era liderada por el presidente Castillo, quien ha negado esas acusaciones.
El gobernante es investigado de manera preliminar por varias denuncias y el fiscal general, Pablo Sánchez, ordenó el domingo pasado ampliar esas pesquisas por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
La defensa de Castillo exige que se declare la “nulidad absoluta” de esa investigación y anunció que, si esto no se acepta, planteará una “tutela de derechos”, ya que considera que el mandatario goza de inmunidad absoluta mientras esté en el cargo.
Este viernes se difundió la presunta transcripción de un audio en la que el empresario Zamir Villaverde, quien está preso mientras se le investiga por corrupción, supuestamente le ofrece un soborno a Silva para obtener la licitación para la construcción del puente.
Villaverde, quien pidió ser colaborador de la investigación fiscal en este caso, también ha implicado a Castillo en la presunta trama corrupta, aunque sin haber presentado hasta el momento pruebas de sus afirmaciones.
Las denuncias contra el mandatario han reactivado la crisis política que afronta Perú desde el inicio del actual régimen, a fines de julio del año pasado, y llevado a la oposición y medios locales a exigir que Castillo deje el Gobierno.
Este sábado, integrantes de organizaciones, partidos políticos y movimientos sociales marcharon por el centro de Lima para exigir la salida de la jefatura de Estado de Castillo, al que acusaron de ser “corrupto” y “comunista”.
La excandidata presidencial conservadora Lourdes Flores declaró al Canal N de televisión que la marcha tenía un mensaje de “solución final” porque su país “no puede seguir así” e invocó al Congreso a buscar la salida de Castillo del Gobierno.
Por su parte, la líder opositora Keiko Fujimori, quien perdió las elecciones del año pasado ante Castillo, también pidió al Congreso que tome “medidas drásticas” contra el mandatario, ya que aseguró que “cada vez hay más evidencia que involucra al círculo más cercano al presidente” en actos de corrupción.
