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Madrid, 22 mar (EFE).- La directora general de la Guardia Civil de España, uno de los dos cuerpos nacionales de seguridad, anunció su dimisión este miércoles debido a que su marido está siendo investigado judicialmente por supuestas irregularidades en la concesión de unas ayudas públicas.

María Gámez, primera mujer en dirigir la Guardia Civil en sus 179 años de historia, precisó en una declaración institucional que ha presentado la renuncia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Es una decisión “difícil”, pero tomada para “proteger” a su familia y a la Guardia Civil, dos motivos “irrenunciables”, justificó Gámez, que fue nombrada por el gobierno que dirige el socialista Pedro Sánchez en enero de 2020.

Su esposo ha sido citado en el procedimiento judicial del ‘caso Santana’. Un juez de Sevilla (sur) investiga desde hace años supuestas irregularidades en las ayudas millonarias de las autoridades regionales de Andalucía recibidas por el grupo automovilístico Santana Motor.

El juez decidió en julio del año pasado sobreseer la causa para el marido de Gámez al entender que no había “indicios racionales” de su participación como responsable de la agencia pública de Innovación y Desarrollo (Idea) de Andalucía en las irregularidades investigadas.

Pero las pesquisas continuaron y, como desveló hoy la propia Gámez, el juez ha decidido investigar a su marido, razón por la que dimite.

En la pieza principal se investigan unas cantidades entregadas por IDEA a Santana en concepto de préstamo, posteriormente modificado como préstamo participativo, “que serían en realidad ayudas a fondo perdido concedidas graciosamente -sin intención alguna de recuperarlas- al margen de los procedimientos legalmente aplicables”.

La dimisión de Gámez, que será sustituida por otra mujer, Mercedes González, llega también semanas después de que saltara el escándalo del denominado ‘caso Cuarteles’. Un juzgado de Madrid investiga presuntas irregularidades en obras y reformas en trece comandancias de la Guardia Civil.

A estas dos causas judiciales se suma el ‘caso Grapa’, en el que un juzgado madrileño investiga a una veintena de personas, físicas y jurídicas, por presuntos amaños en contratos de uniformes del cuerpo.

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