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El secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado, este jueves.

El Gobierno de Lenín Moreno no quiere pagar la factura de un largo y controvertido proceso judicial en el que está enredado Ecuador desde 1993 contra la petrolera Chevron por daño medioambiental en la Amazonía. Ante la posibilidad de que el país latinoamericano pueda perder un arbitraje internacional y resulte sancionado con 9.500 millones de dólares, el Ejecutivo ha anunciado que exigirá al anterior presidente, Rafael Correa, y a sus colaboradores que respondan por no haber defendido “como corresponde en derecho internacional” los intereses nacionales.

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