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Ciudad de México, 9 dic (EFE).- El combate a la corrupción durante los cinco años de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador avanza, aunque a marcha lenta, marcado por la politización y la asignatura pendiente de fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), coincidieron distintos expertos en declaraciones a EFE en el marco del Día Internacional contra la Corrupción.

En este sentido, la titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos, afirmó que la consolidación de la lucha ha sido compleja desde su llegada en 2019, pero reconoció que se han dado ‘pequeños pasos firmes’.

“Ha sido un inicio complejo, pero siempre hacia adelante. Me parece que vamos con pasos firmes”, aseguró, pues hay encima de la mesa “casos pequeños resueltos, no por ello menos importantes”.

Sin embargo, el director de la organización Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, aseguró que, “a día de hoy, no hay ningún caso grande sentenciado” que emane de la Fiscalía General de la República (FGR).

En su balance, la fiscal anticorrupción dijo que los procesos judiciales siguen sin ser expeditos, pese al cambio del sistema penal en 2016, en medio de “artimañas” para dilatar las audiencias y juicios.

Por ello, afirmó que se debe actualizar el Código Penal en México, combatir la corrupción en redes, integrar la perspectiva de género y reducir la exposición mediática de los “grandes casos”.

 Un gobierno ‘comprometido’

En contraste, Mijangos apuntó como un acierto el nuevo estatuto de la FGR, oficializado en mayo de 2022, que dota a la Fiscalía Anticorrupción con mayor personal y operatividad para perseguir los delitos relacionados con la corrupción y el lavado de dinero, entre otras áreas relacionadas.

Entrevistada en el Coloquio Internacional La transformación Democrática, la extitular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, aseguró que la Administración de López Obrador se caracteriza por ser “un Gobierno que se comprometió a fondo contra la corrupción”.

Además, aseguró que los tres años de su gestión al frente de la SFP fueron “los más redondos en términos de resultados”.

Aunque criticó: “Me da resquemor que se ha quedado precisamente interrumpido el trabajo de consolidación o de radicalización en el combate a la corrupción” y aseguró que falta transparencia y mejorar la fiscalización de las compras gubernamentales donde incide la corrupción.

  La politización, “el mayor déficit”

“Las instituciones anticorrupción están subordinadas a la agenda política electoral” del Gobierno en turno, por lo que esta situación produce “el mayor déficit del sistema”, enfatizó Bohórquez.

Esta inercia arraigada en las instituciones mexicanas se trató de combatir con la reforma impulsada entre 2015 y 2016, cuando nace el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la Fiscalía especializada en esta materia.

Aun así, lamentó Bohórquez, “el Sistema no está sirviendo para mejorar la calidad de vida de las personas”.

En el mismo sentido se expresó el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y del SNA, Jorge Alatorre, quien señaló que “la prueba de ácido” es que se persiga la corrupción “de propios y extraños” en un mismo Gobierno.

“El peor combate a la corrupción es usarla como una arma de golpeteo político”, avisó.

A pesar de estas advertencias y de que la política anticorrupción de López Obrador ha ignorado el SNA, entre 2018 y 2021 se iniciaron procesos judiciales relevantes, como el del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, implicado en la trama Odebrecht, mencionada por Alatorre: “México es el único país de Latinoamérica que no tiene a estos funcionarios en la cárcel”.

Así como el de la exfuncionaria Rosario Robles, por presuntamente desviar cantidades multimillonarias en el caso denominado ‘La Estafa Maestra’.

Ambos casos permanecen encallados sin que se haya llegado a una resolución favorable para el Estado mexicano, pues Lozoya ha logrado disminuir el monto reparatorio que se le ha impuesto y retrasado su audiencia por más de un año; mientras, Robles ha salido en calidad de inocente.

 Un SNA incompleto

Pese a la creación del SNA, el Sistema aún no se encuentra completo, con ausencias de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos (Inai) o de magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Así como por la eliminación por decreto presidencial del Secretariado Ejecutivo del SNA, la subordinación de la SFP al Gobierno y su ideología y la falta de profundidad en las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre otros pendientes como la voluntad política de la actual Administración por fortalecerlo, aseguraron los expertos.

En este panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado este modelo creado por su antecesor Enrique Peña Nieto (2012-2018), así como a sus integrantes, mientras ha levantado la bandera durante su Gobierno del combate a la corrupción, sosteniendo la promesa de acabar con la “peste”, insistiendo en que las “escaleras se barren de arriba hacia abajo”.

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