Lima, 18 jun (EFE).- La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano archivó este viernes una denuncia contra el expresidente Manuel Merino y dos exministros por la muerte de dos manifestantes en la protesta de 2020 que forzó su propia renuncia al cargo por el aparente uso excesivo de la fuerza.
El informe elaborado por el congresista Alejandro Cavero, del partido derechista Avanza País, que recomendó archivar la denuncia abierta por la Fiscalía de la Nación fue aprobado tras recibir siete votos a favor, siete en contra y una abstención.
La titular de la subcomisión, Rosío Torres, del partido centrista Alianza Para el Progreso (APP), emitió un voto dirimente a favor de archivar la denuncia contra Merino, el expresidente del Consejo de Ministros Antero Flores Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez.
En la sustentación, Cavero afirmó que la Policía Nacional se replegó del lugar de los enfrentamientos entre manifestantes y agentes, antes de que los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado cayeran heridos por arma de fuego.
Además, rechazó que la Policía haya usado el tipo de munición que lesionó a los heridos y también que los ministros y Merino hayan tenido responsabilidad porque estaban asumiendo sus cargos.
GOBERNANTE EFÍMERO
Merino estuvo menos de una semana en la Presidencia de Perú, tras la destitución de Martín Vizcarra (2018-2020) por presunta incapacidad moral y antes de la designación de Francisco Sagasti en el Gobierno transitorio que entregó la jefatura de Estado a Pedro Castillo (2021-2026) tras su victoria en las urnas.
La decisión del Congreso generó el rechazo de diversas organizaciones civiles, así como la familia de los fallecidos, por incentivar la impunidad en este caso.
Los legisladores que votaron a favor de archivar la denuncia son los representantes de la fujimorista Fuerza Popular Ernesto Bustamante, Hernando Guerra García y Martha Moyano, así como Alejandro Muñante de Renovación Popular y Wilson Soto de Acción Popular.
En tanto, los parlamentarios que votaron en contra de archivar la denuncia fueron Jorge Flores (Acción Popular), Paúl Gutiérrez (Bloque Magisterial), José Jerí (Somos Perú), Alfredo Pariona (Perú Libre), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), Reymundo Mercado (Cambio Democrático) y Elizabeth Taipe (Perú Libre).
La congresista María Acuña (Alianza para el Progreso) se abstuvo en la votación.
USO DE LA FUERZA DESPROPORCIONADO
El pasado 10 de junio, Amnistía Internacional (AI) pidió al Congreso que permita, “sin más dilaciones”, la investigación fiscal contra Merino por la represión policial ejercida durante las manifestaciones de noviembre de 2020, que se saldó con la muerte de dos jóvenes manifestantes.
“Amnistía Internacional ha verificado que, durante las manifestaciones, agentes policiales hicieron uso de la fuerza de manera ilegal y contraria a los estándares internacionales, incluyendo disparos de municiones y gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos”, escribió AI en Twitter.
La toma de poder de Merino el 10 de noviembre de 2020, tras la polémica destitución del expresidente Vizcarra, fue percibida por la mayor parte de la población peruana como un ataque usurpador contra la democracia y desató un estallido social que, durante una semana, derivó en las protestas callejeras más multitudinarias de las últimas décadas.
El clímax de la movilización llegó el sábado 14 de noviembre, cuando la represión policial dejó cientos de heridos y dos jóvenes muertos, lo que cavó la tumba política de Merino.
Por la muerte de esos jóvenes, Inti Sotelo y Bryan Pintado, la Fiscalía sustentó en marzo pasado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso la denuncia constitucional contra el expresidente, su jefe del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Araoz, y su ministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo.
La referida denuncia fue presentada por la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos en octubre del año pasado contra los tres acusados por ser presuntos autores por omisión impropia de los delitos de homicidio y de lesiones graves y leves, en el contexto de grave violaciones a los derechos humanos.
