Lima, 2 jun (EFE).- El Congreso de Perú aprobó una denuncia constitucional presentada en julio de 2020 por la Fiscalía de la Nación contra el exjuez supremo Cesar Hinostroza, quien permanece actualmente en España sometido a un proceso de extradición.
La decisión, que fue tomada al cierre de la sesión plenaria de este miércoles, también comprende a dos exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), quienes son sindicados como presuntos integrantes de una organización corrupta al interior de la Judicatura conocida como “Los cuellos blancos del puerto”.
La Fiscalía pidió que Hinostroza sea acusado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado.
El pleno aprobó, por separado, las propuestas de acusación contra los exmagistrados Julio Gutiérrez, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho pasivo específico, y Orlando Velásquez, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal y cohecho pasivo específico.
La cámara rechazó, sin embargo, una denuncia constitucional contra el exfiscal supremo Tomás Gálvez, aunque esta decisión será analizada nuevamente este jueves, ya que la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú presentó un pedido de reconsideración que deberá ser vista por el Legislativo.
Durante la sesión plenaria, los denunciados rechazaron los cargos y aseguraron ser perseguidos políticos, mientras que Hinostroza, quien se defendió de manera virtual desde España, aseguró que es una víctima del “antifujimorismo” en su país y de una trama encabezada por el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020).
Hinostroza, quien es acusado de haber liderado una presunta organización criminal enquistada en el Poder Judicial peruano, llegó a España en 2018, luego de huir del país por Ecuador tras destaparse el caso de corrupción.
Aunque la Audiencia Nacional de España avaló en febrero pasado su extradición a Perú, el exjuez supremo ha dilatado su entrega al insistir en que el Estado peruano lo persigue “por motivos políticos” y no hay ninguna garantía de que sea sometido a un “proceso justo” en su país.
En febrero, Hinostroza recurrió la entrega a su país, luego de asegurar que la Audiencia Nacional de España no valoró “los hechos ni las pruebas que acreditan la violación de los derechos fundamentales” que asegura sufrir en su país.
Pese a que los magistrados españoles rechazaron la persecución política que denuncia, su defensa insiste en que Perú le reclama “por motivos políticos”, que vulnera sus derechos fundamentales de “forma genérica” y advierte de que la audiencia le está “condenando a la pena de muerte” en su país.
Sobre Hinostroza pesa una primera entrega a Perú, acordada anteriormente por la Audiencia Nacional y por el Gobierno español, por el caso de “Los cuellos blancos del puerto”, donde se le imputa haber liderado una red corrupta en la que habrían participado políticos y empresarios, y de favorecer el nombramiento de jueces y trabajadores de la Justicia.
El exjuez también está reclamado por haber entregado presuntamente 10.000 dólares a una funcionaria de migraciones en la localidad peruana de Tumbes, fronteriza con Ecuador, para poder huir del país cuando era buscado por la Justicia.
El pasado 31 de marzo, la Procuraduría General del Estado peruano anunció que la justicia española confirmó la procedencia de la ampliación de la extradición del exjuez supremo para ser procesado por el presunto pago de ese soborno.
Además, a inicios de marzo pasado la Fiscalía de Perú expuso ante el Poder Judicial el presunto apoyo en el Congreso que “planificó” el partido Fuerza Popular (FP), que lidera Keiko Fujimori, para defender a Hinostroza de las acusaciones presentadas en su contra.
