Lima, 12 may (EFE).- El Ministerio Público de Perú entregará 114 restos de víctimas de la masacre de 69 personas en la localidad de Accomarca, ocurrida en agosto de 1985 a manos de militares, anunciaron este jueves sobrevivientes y familiares de los fallecidos en este asesinato masivo.
Los restos exhumados y prendas de vestir identificadas serán entregadas entre los días 17 y 20 de mayo a los pobladores de Accomarca, un alejado poblado rural de la región andina de Ayacucho, donde estalló la actividad subversiva de Sendero Luminoso en 1980, que esperaron 37 años para poder dar sepultura a sus familiares.
“Este 20 de mayo muchos hermanos van a ir a recibir un osario vacío, (pero) algunos de nosotros recibiremos a nuestros seres queridos”, sostuvo en una rueda de prensa Florian Palacios, vicepresidente de la asociación de familiares y víctimas de Accomarca.
Entre lágrimas, el hombre insistió en que, a pesar de ser un paso más en la inagotable batalla de los familiares para lograr justicia, la entrega de estos restos identificados por la Fiscalía no se traduce en una reparación completa.
“Estamos indignados con el Estado peruano (…). Yo en esos tiempos tenía 28 años y ahorita estoy viejo. Muchos de mis hermanos ya no están con nosotros. Esto no es una justicia”, dijo Palacios.
En este mismo sentido se expresó el alcalde de la comunidad de Accomarca, Fernando Ochoa, quien aseguró que las heridas de aquella masacre “jamás serán reparadas”, por lo que emplazó a las autoridades del país andino a “dignificar a este pueblo que tanto ha sufrido y que sigue todavía en pie de lucha”.
Para el abogado de los familiares de las víctimas, Carlos Rivera, Accomarca “es el ejemplo de lo que pasa en muchos casos relacionados con violaciones de derechos humanos en Perú”.
“La Justicia tarda, la sentencia condenatoria (de este caso) fue emitida 31 años después y ahí se inicia una segunda batalla, que se cumpla la sentencia”, declaró el letrado.
Fue en setiembre de 2016 cuando la Sala Penal Nacional de Perú declaró que en Accomarca se perpetró un asesinato masivo con crueldad y desprecio a la dignidad de los civiles, y que, por lo tanto, fue una grave violación de los derechos humanos, compatible con el delito de lesa humanidad.
Los magistrados determinaron que los oficiales de la segunda división de infantería acataron una orden ilegal dada por el general Wilfredo Mori, quien fue condenado a 25 años de cárcel, y que el Ejército ocultó la matanza.
“La justicia no se puede dar por satisfecha hasta que no se cumpla la sanción, lo cual incluye la captura de los sujetos que aún andan libres, el pago de las reparaciones y la entrega de algunos de los restos”, señaló Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh).
La masacre de Accomarca ocurrió el 14 de agosto de 1985, cuando una patrulla del Ejército peruano incursionó en el riachuelo de Llocllapampa, en la región Ayacucho, y mató a decenas de personas, la mayoría ancianos, mujeres y niños.
