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Lima, 17 abr (EFE).- El partido fujimorista Fuerza Popular pidió este lunes que una de sus legisladoras, María del Pilar Cordero Jon Tay, sea sancionada y retirada de todas las comisiones del Congreso, y le abrió un proceso disciplinario interno de expulsión, luego de que se divulgara un presunto audio suyo en el que pide parte de su sueldo a uno de sus trabajadores.

“Nuestra bancada informa que se le ha solicitado con urgencia a la Oficialía Mayor del Congreso el retiro inmediato de la congresista María Cordero Jon Tay como titular de la Comisión Permanente, Consejo Directivo, comisiones especiales y ordinarias”, anunció este lunes Fuerza Popular en Twitter.

La portavoz de la bancada fujimorista, Patricia Juárez, agregó en la emisora RPP que el retiro de la legisladora de todas las comisiones será inmediato, por considerar que “ha faltado absolutamente” a la confianza otorgada por su agrupación.

“Pedimos las disculpas del caso al pueblo peruano y creemos que la sanción debe darse de la forma más drástica posible, respetando el debido proceso, sí; pero tiene que caer la sanción”, enfatizó.

Previamente, el portavoz del partido Fuerza Popular, Miguel Torres, había informado que su comité político solicitó “iniciar inmediatamente” un proceso disciplinario “con miras a la expulsión” de Cordero Jon Tay de la agrupación que lidera Keiko Fujimori.

El programa televisivo Punto Final difundió este domingo el testimonio de un extrabajador de su despacho, que se mantuvo en el anonimato pero señaló que debió entregar el 50 % de su sueldo durante seis meses y luego le exigieron el 75 % de sus honorarios.

En un audio que acompañó al reportaje se escucha a una mujer, señalado como Cordero Jon Tay, exigir a su trabajador que entregue el dinero de inmediato e incluso le pide ir juntos a un banco.

La fujimorista, que representa a la región norteña de Tumbes, fronteriza con Ecuador, se había convertido el pasado viernes en la quinta legisladora peruana en ser investigada por la Fiscalía por presuntos cobros irregulares a trabajadores de su despacho.

La investigación preliminar en su contra se abrió “como presunta autora del delito de concusión”, que contempla de 2 a 8 años de cárcel y se comete cuando un funcionario público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial.

La Fiscalía también abrió en los últimos días investigaciones por el mismo delito contra las congresistas derechistas Heidy Juárez, Rosío Torres y Magaly Ruiz, y la izquierdista Katy Ugarte.

En todos los casos, las parlamentarias están acusadas de haber recortado sueldos a trabajadores de sus despachos, por lo que la Comisión de Ética del Congreso también ha abierto investigaciones para determinar si las sanciona por faltas a la función legislativa.

La Comisión de Ética informó que se reunirá este martes de manera extraordinaria para proponer una denuncia de oficio contra Cordero Jon Tay, aunque luego Juárez presentó una denuncia formal ante ese grupo de trabajo contra su aún compañera de partido por presuntamente haber violados los principios de honradez, veracidad, respeto, responsabilidad, transparencia, integridad y justicia.

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