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Chonchocoro (Bolivia), 4 ene (EFE).- Una comitiva de la Gobernación de Santa Cruz se trasladó este miércoles hasta la cárcel de máxima seguridad en la que está detenido el gobernador de la mayor región boliviana, Luis Fernando Camacho, para ratificarlo en su cargo y evaluar la situación del líder opositor.

Parte del gabinete de Camacho llegó hasta la penitenciaría de Chonchocoro, ubicada en la comunidad rural homónima a 35 kilómetros de La Paz, en el municipio de Viacha, para ofrecerle un “reporte administrativo” de su gestión.

“El gobernador continúa siendo Luis Fernando Camacho y como tal hemos venido a ponernos a la orden, venimos como institución, aquí tenemos una sucursal de la Gobernación en Chonchocoro”, expresó el secretario de Gestión Institucional de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, en las puertas del penal a los medios, entre ellos EFE.

La comitiva de la Gobernación de Santa Cruz intenta visitar al líder opositor y gobernador de esa región Luis Fernando Camacho hoy, en Chonchocoro (Bolivia).  EFE/ Javier Mamani

Junto a Suárez también se presentaron los secretarios de Justicia, Planificación y Salud, además del director jurídico de ese Gobierno regional.

Suárez explicó que, pese a que no habían hecho ninguna gestión previa, decidieron hacer la visita “respetando todos los canales formales” para brindarle un “informe pormenorizado” de la situación de la Gobernación de Santa Cruz, que dijeron “es normal”.

Sin embargo, la comitiva de la Gobernación de Santa Cruz no pudo ingresar al penal para ver a Camacho, pues las visitas solo se permiten los martes, jueves y sábados.

“EJERCE COMO GOBERNADOR”

Los integrantes del gabinete de Camacho aseguraron que, a pesar de que el gobernador está bajo reclusión, está “ejerciendo” su cargo y que paralelamente la Asamblea Legislativa de Santa Cruz “sigue funcionando.

“El gobernador esté donde esté, dentro del territorio nacional, va a seguir ejerciendo como tal”, pues “no está confinado, ni incomunicado” sino con “restricciones a su locomoción”, explicó el secretario de Justicia, José Luis Terrazas.

Por su lado, Suárez refirió que el estatuto de Gobierno de Santa Cruz establece que se produce el relevo del gobernador en caso de renuncia, revocatoria de mandato, muerte o sentencia ejecutoriada y que “no se ha dado” ninguna de esas condiciones.

En declaraciones a EFE Daniel Rojas, diputado cruceño por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), instó a los legisladores regionales de Santa Cruz a “cumplir” lo que dice su estatuto en cuanto a los impedimentos permanentes del gobernador para cumplir su cargo y que esa es su “responsabilidad”.

Esta semana la senadora Simona Quispe, también del MAS, indicó que es “inviable” que Camacho gobierne desde la cárcel y que en todo caso tendría que ser el vicegobernador Mario Aguilera quien asuma el cargo en su ausencia.

Por otro lado, un grupo de indígenas afines al Gobierno de Luis Arce hacen vigilia para exigir justicia y 30 años de reclusión para Camacho, que es la pena máxima en Bolivia, por las muertes registradas durante la crisis de 2019.

La comitiva cruceña se reunió abiertamente con los indígenas para explicarles la razón de su visita, pero luego de unos minutos estos últimos lanzaron un ultimátum para que se marcharan, por lo que los funcionarios decidieron retirarse.

La comitiva de la Gobernación de Santa Cruz intenta visitar al líder opositor y gobernador de esa región Luis Fernando Camacho hoy, en Chonchocoro (Bolivia). EFE/ Javier Mamani

“Han habido muchos muertos” en 2019, “por eso (Camacho) tiene que pagar” en la justicia, dijo uno de los dirigentes indígenas a las autoridades de la Gobernación de Santa Cruz.

Este miércoles se cumple una semana del arresto del gobernador de Santa Cruz en un polémico operativo tras una orden de aprehensión por una acusación de terrorismo en el caso llamado “golpe de Estado I”, relacionado con la crisis política de 2019.

El viernes pasado, un juez dictó cuatro meses de detención preventiva para Camacho en el penal de Chonchocoro, situado a casi 4.000 metros de altitud, una medida que ha provocado una ola de protestas en Santa Cruz, motor económico de Bolivia.

El oficialismo señala que en 2019 se produjo un “golpe de Estado” en contra del entonces presidente Evo Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en la renuncia del mandatario fueron por un fraude en las elecciones anuladas de ese año.

Gabriel Romano

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