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Santiago de Chile, 18 mar (EFE).- El Gobierno de Chile aseguró este lunes que esperará a la audiencia de imputación del director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, para decidir sobre su futuro, ante el aumento de la presión para que deje su cargo como lo hizo el pasado viernes Sergio Muñoz, exjefe de la Policía de Investigaciones (PDI), el otro cuerpo policial del país.

“Las formalizaciones (imputaciones) son un punto de inflexión. Consideramos que ahí, en ese momento, tenemos que tomar decisiones (…) No nos vamos a adelantar a aquello”, dijo en su rueda de prensa matutina la vocera oficial, Camila Vallejo.

Yáñez será imputado previsiblemente el próximo 7 de mayo por un eventual delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante las graves manifestaciones de 2019, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema, con saqueos e incendios.

En la jefatura de la institución desde noviembre de 2020 en sustitución de Mario Rozas -quien previsiblemente también será imputado-, Yañez ejercía como director de Orden y Seguridad del cuerpo policial militarizado durante el llamado estallido social.

La presión para que deje el cargo comenzó el 3 de enero de 2024, cuando la Fiscalía anunció la investigación en su contra, pero aumentó el viernes pasado con la renuncia de Muñoz, quien está siendo investigado por presunta corrupción y será imputado previsiblemente el martes por revelar información confidencial para beneficiar a cercanos, un caso que está conmocionando al país.

En una entrevista el domingo en la televisión local CNN Chile, el ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que espera que Yañez “evalúe su renuncia” antes de la imputación de mayo.

La vocera oficial dijo en la rueda de prensa de este lunes que las declaraciones de Cordero no contradicen la posición del Gobierno, cuyo objetivo es “proteger” las instituciones.

“Las personas pasan y las instituciones tienen que seguir funcionando en el tema que es de mayor preocupación para la ciudadanía, la seguridad”, añadió Vallejo.

Las investigaciones en contra de ambos altos mandos se dan en medio de una crisis de seguridad que Chile atraviesa desde hace cinco años y que ha disparado la sensación de inseguridad de los chilenos y obligado al Ejecutivo a levantar una agenda específica para combatir el crimen organizado.

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