Hong Kong, 10 may (EFE).- Hong Kong aprobó hoy por unanimidad un proyecto de ley que permite al jefe del Ejecutivo decidir si pueden intervenir abogados extranjeros en juicios relacionados con la polémica Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín tras las protestas antigubernamentales de 2019.
La nueva disposición dificulta la participación de letrados foráneos en dichos procesos al imponer un doble requisito que comienza con una solicitud al líder del Gobierno hongkonés.
De obtener esa aprobación, los tribunales hongkoneses deberán solicitar una certificación del Ejecutivo para determinar si la participación de un abogado extranjero afectaría o perjudicaría a la seguridad interna de la excolonia británica.
El Gobierno local formuló esta propuesta de ley a raíz de cuatro tentativas consecutivas y fallidas de impedir que el magnate de los medios de comunicación prodemocráticos, Jimmy Lai, contratara a un abogado extranjero experto en derechos humanos como representante en un juicio por delitos recogidos en la Ley de Seguridad Nacional.
El letrado británico Timothy Owen iba a representar al fundador del desaparecido diario opositor Apple Daily, que se halla en una prisión de máxima seguridad a la espera de un juicio por “confabulación”.
Desde su mediática detención en 2020, Lai está acusado de conspirar con terceros para pedir la imposición de sanciones o un bloqueo, y de participar en actividades hostiles contra Hong Kong y contra China.
Además, se enfrenta a un cargo de connivencia con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional y a otro de sedición en virtud de una ley de la época colonial que se aplica para acabar con la disidencia.
La Ley de Seguridad Nacional entró en vigor el 30 de junio de 2020, un año después de que un masivo movimiento de protestas antigubernamentales sacudiese la ciudad semiautónoma.
Dicha normativa prevé penas de hasta cadena perpetua por supuestos de secesión, terrorismo o confabulación con fuerzas extranjeras, y ha sido esgrimida desde su puesta en vigor para perseguir a activistas prodemocráticos y desmantelar organizaciones de la sociedad civil.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han alertado del rápido deterioro de las libertades en Hong Kong, la persecución a la prensa y el desmantelamiento forzoso de organizaciones de la sociedad civil propiciados por esa ley.
