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Washington, 12 abr (EFE).- El ministro de Finanzas de Ecuador, Pablo Arosemena, aseguró este miércoles en Washington que políticos “bárbaros” y “populistas” quieren tomar el poder de su país por “vías no democráticas”, algo que pondría en peligro la estabilidad económica de la nación suramericana.

Durante un evento de las reuniones de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Arosemena se refirió al proceso de juicio político promovido por la oposición para destituir al presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso.

“En Ecuador tenemos a los bárbaros en la puerta. Tenemos a políticos populistas que quisieran destronar a nuestro presidente y tomar el poder por vías no democráticas”, afirmó el ministro.

Según Arosemena, si eso ocurriera, se “erosionaría” la disciplina financiera y la inversión social que, dijo, ha impulsado el actual Gobierno durante los últimos dos años.

El ministro lamentó que la pandemia de covid-19 “ha convertido a la gente en muy impaciente” y ha provocado que la ciudadanía quiera “soluciones ahora mismo”.

Sin embargo, defendió que gracias a sus políticas económicas “la inflación no es un problema” en Ecuador, a pesar de que el país tiene la economía dolarizada y de que la subida de precios ha impactado a todo el mundo.

Remarcó que uno de los principales objetivos del Gobierno ecuatoriano ha sido firmar todos los acuerdos de libre comercio que sea posible, mejorando así su acceso a las cadenas de suministro.

Además reivindicó que Ecuador ha logrado en dos años “reducir de forma contundente” el déficit público del 7,7 % del Producto Interior Bruto (PIB) al 1 % y la deuda pública del 61 % al 55 %.

El ministro agradeció también el apoyo del Banco Mundial, del FMI y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) porque Ecuador no podría haber logrado “solo” estas metas.

El funcionario afirmó sobre Lasso que antes de ser presidente fue un “exitoso banquero” y que su mayor cualidad es la de “resolver problemas”.

El Parlamento de Ecuador notificó el jueves pasado a Lasso que ha sido acusado de un supuesto caso de malversación a empresas públicas en el juicio político en su contra.

Para censurar al jefe del Estado se requieren no menos de 92 votos, que equivalen a las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, compuesta por 137 legisladores.

El presidente Lasso se ha declarado “inocente” de las acusaciones que le imputa la oposición y asegurado que este juicio político “huele muy mal”.

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