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Lima, 18 ene (EFE).- El hilo que siguen las protestas de Perú se ha ido enredando con el paso de las semanas hasta enmarañarse en vueltas y revueltas. Cada vez que alguien trata de tirar de uno de sus cabos, más se aprieta y más difícil se antoja una solución a unas demandas más complejas y con soluciones más enrevesadas.

Las protestas comenzaron en diciembre pasado, tras el fallido autogolpe del entonces presidente Pedro Castillo, pero se puede seguir su rastro mucho más atrás, en un país en el que la crisis de la representación parece haber alcanzado su cénit.

“En el caso de Perú hay un proceso continuo de tensiones no resueltas, un elemento muy fuerte de desigualdad económica, social, política y cultural, de todo tipo. Son elementos permanentes y que hace que el país esté desestructurado”, explica a EFE Joan Lara Amat y León, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Ante esa situación, considera “que en la política peruana se busca muchas veces a un salvador porque está esa idea de la república pendiente”.

Esa deuda estructural es la que emergió en diciembre pasado, cuando fue destituido un presidente que, a pesar de su intento de golpe de Estado, era visto por muchos como una oportunidad para cerrar las brechas y al que veían como un reflejo en el espejo en muchas regiones.

En buena medida, explica Lara Amat y León, también director del equipo Demos de investigación en temas de ciudadanía, esas fallas se han profundizado en Perú porque su democracia padece una debilidad perenne de los partidos políticos.

“Los partidos tienen el nombre de partidos, pero pasan a ser una especie de partidos propietarios, hay una persona propietaria de ese partido, incluso el mismo partido puede cambiar de distintas opciones políticas según las elecciones”, sostiene.

Y agrega: “Apenas tienen militantes, muchos de los políticos más profesionales son los más ligados a corrupción o a la desafección política”.

Esa situación deriva en que “por un lado va la política oficial y por otro las demandas ciudadanas”.

Además, “se ha cortocircuitado ese canal de comunicación entre la ciudadanía, asociaciones, tipos de partidos políticos con militantes que recojan” las demandas ciudadanas y eso llegue al Congreso”, lo que deriva en que la política tome otros derroteros.

Es entonces cuando el descontento ciudadano ante los problemas estructurales llega a niveles elevados y el estallido está garantizado, una tónica habitual en la política peruana de los últimos años.

50 MUERTES EN UN GOBIERNO

La gran diferencia en esta crisis son las 50 muertes desde que estallaron las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, la sucesora de Castillo. Son 41 manifestantes y un policía los que han perdido la vida, además de ocho personas más que han fallecido a consecuencia de los bloqueos de carreteras que se han extendido por todo el país desde diciembre.

En este contexto, a Perú se le han comenzado a ver las costuras. Son muchas las fracturas que vive el país andino, más allá de la habitualmente mencionada entre Lima y el resto de la nación.

“Lo que ha ocurrido es que no ha habido una política de país, ha habido un fuerte fraccionamiento al hilo del proceso de descentralización (…) En el caso peruano, cuando las instituciones son débiles, cuando el Estado es escaso y la presencia de un Estado en el territorio también es escasa, esos procesos no han llevado a un fortalecimiento de las regiones olvidadas, sino a un acentuamiento de esa fragmentación”, añade Lara Amat y León.

Por eso, ve necesario, para superar la situación, “pensar en otros niveles” de integración económica que incluyan “elementos políticos, sociales y culturales”, pues, si no se hace -advierte-, “las estructuras del divorcio están latentes”.

EL RIESGO DE EJERCER DE FARAÓN

Ante todo nudo gordiano, siempre surge la tentación de optar, como Alejandro Magno, por cortarlo en lugar de deshacerlo y, por eso, el catedrático de la UNMSM, advierte que, “a corto plazo la situación es inestable”.

Inicialmente, advirtió “un enrocamiento del Ejecutivo y Congreso” con una presidenta débil como Dina Boluarte, cuya renuncia es la primera exigencia de los manifestantes.

Es decir, se presenta “una visión fuertemente autoritaria de la política y, en términos de recepción de las reivindicaciones, prácticamente nula”.

“Si no hay diálogo real, la única opción que queda en la política es la represión”, apostilla.

Frente a esa posición, son numerosas las voces que han comenzado a escucharse y que reclaman optar por el diálogo y escuchar a una ciudadanía cansada ante el enrocamiento perpetuo al margen de unas protestas que este jueves amenazan con llegar a Lima con fuerza.

Pese a ello, el Gobierno asegura que está dispuesto a abrir canales de diálogo con interlocutores válidos de los manifestantes que, hasta ahora, asegura no haber encontrado.

¿Y si no se dialoga? “El problema es cuántos muertos estamos dispuestos a soportar, cuantos muertos puede soportar un régimen que quiera llamarse democrático”, concluye el catedrático de la UNMSM.

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