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Ciudad de Panamá, 3 nov (EFE).- El Parlamento de Panamá desistió este jueves de derogar un controvertido contrato ley minero, que ha generado una crisis interna con las mayores protestas callejeras en décadas y pérdidas millonarias, para que sea la Corte Suprema la que determine su futuro al fallar sobre su alegada inconstitucionalidad.

Con 63 votos a favor, 1 contra y 1 abstención, la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de 71 escaños y amplia mayoría oficialista, aprobó en la segunda de tres discusiones obligatorias, la eliminación del 5 artículo del proyecto legislativo 1110, el cual derogaba el contrato ley.

Fueron los mismo diputados quienes introdujeron este artículo en la propuesta legislativa, presentada por el Ejecutivo para establecer una moratoria a la minería metálica, y se esperaba que la aprobaran este jueves en tercer y último debate, pero resolvieron bajar el proyecto a segunda discusión y eliminar la derogatoria.

“Con la votación en segundo debate al proyecto de ley 1110 declaro clausurada esta tercera legislatura extraordinaria del período constitucional 2019-2024”, dijo el presidente del Parlamento, Jaime Vargas, por lo que la aprobación definitiva deberá darse a partir de enero próximo o en nuevas sesiones extraordinarias que convoque el presidente panameño, Laurentino Cortizo.

El cambio de los diputados se dio al tiempo que sectores ambientalistas y expertos en derecho alertaban que derogar por la vía del Parlamento el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, dejaba prácticamente indefenso al Estado frente a las previsibles reclamaciones de la empresa dado los términos leoninos del acuerdo.

Grupos ambientalistas que luchan contra esta concesión desde hace años aseguran que debe ser la Corte Suprema de Justicia la que decida sobre el futuro del contrato minero mediante su fallo sobre los varios recursos de inconstitucionalidad ya interpuestos.

Los activistas aseguran que el nuevo contrato ley adolece de los mismos vicios que llevaron a que el anterior fuera declarado inconstitucional por el Supremo en el 2017, más de 8 años después de que el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) panameño presentara un recurso en ese sentido.

Con el nuevo fallo de inconstitucionalidad, el Estado panameño tendría “el instrumento de protección más alto” y obtendría “una posición más ventajosa” frente a las demandas que se espera presenta la minera, dijo a EFE Lilian Guevara, del CIAM.

La derogatoria inmediata del contrato minero es exigida por sindicatos de la construcción, el de maestros y otras agrupaciones de izquierda, que han impulsado los bloqueos de carreteras en todo el país, dejando al menos dos muertos por arrollamiento, de acuerdo con datos de la Policía y la prensa local.

“Llamamos a mantener la unidad del pueblo en las calles y convocar un encuentro nacional de todos los dirigentes del movimiento social y popular para el 4 de noviembre”, dijeron los sindicatos aglutinados en la Alianza Pueblo Unido por la Vida.

Otra de las principales agrupaciones detrás de las manifestaciones, Sal de las Redes, pidió a la población tras conocerse la decisión en el Parlamento que siga “haciendo presión a la Corte Suprema de Justicia para que actúe con rapidez sobre el fallo de inconstitucionalidad”.

“¡Estemos pendientes! ¡Estemos alerta!”, reclamaron, en un aparente llamado a seguir en las calles.

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