La Paz, 13 oct (EFE).- La huelga ciudadana convocada por la oposición en contra de una polémica ley que se trata en el Parlamento y los actos oficialistas de “desagravio” a la bandera indígena wiphala han vuelto a dejar patente la polarización que ha sido una constante al menos en los dos últimos años en Bolivia.

Autoridades y políticos reaccionaron este miércoles a ambos sucesos en medio de aseveraciones que reclaman por un lado respeto a algunos símbolos patrios y por otro piden una convivencia armónica entre bolivianos.

El presidente del país, Luis Arce, escribió en Twitter que “¡Bolivia entera reivindicó la Wiphala!” y que las masivas manifestaciones de la víspera en las principales ciudades quedarán en la “historia” del país.

El expresidente Evo Morales, que es presidente del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), calificó esos actos de desagravio como un “triunfo del pueblo” por sobre entidades opositoras como el Comité Cívico de Santa Cruz, uno de los convocantes al paro ciudadano del lunes en protesta por la ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

La citada ley es observada por la oposición, pero también por comerciantes, transportistas, cooperativas, iglesias evangélicas y empresarios, entre otros sectores que consideran que confiere poderes extraordinarios a instituciones y personas con fines de persecución política.

El Gobierno de Arce rechazó la huelga ciudadana alegando que afectaba a la economía golpeada por la pandemia de la covid-19, ante lo cual los sectores afines al MAS se sumaron a la labor de la Policía para despejar las calles y evitar bloqueos, lo que terminó generando grescas entre ambos bandos.

Pese a amenazas de nuevas huelgas y bloqueos, el oficialismo ha descartado retirar la norma y, por contra, espera aprobarla hacia noviembre tras un proceso de “socialización” de sus alcances.

POR LA WIPHALA

Un día después se desarrolló el “wiphalazo”, una movilización oficialista ante supuestos agravios contra la bandera indígena wiphala en septiembre en la región oriental de Santa Cruz, el motor económico del país y bastión opositor.

Entonces, durante los actos de conmemoración por los 211 años de libertad de Santa Cruz, una wiphala que fue izada por el vicepresidente del país, David Choquehuanca, fue retirada por la Gobernación cruceña.

Ante esto, los militantes del MAS tuvieron el martes masivas concentraciones en distintas ciudades con la presencia del presidente Arce, sus ministros y funcionarios públicos criticados por realizar esa actividad en horario laboral.

“El uso de los símbolos patrios para enfrentarnos entre bolivianos, no sólo es irresponsable, sino que amenaza la unidad e impide la paz que debemos seguir buscando para recuperar la democracia plena y la justicia, por encima de nuestras diferencias”, escribió en Twitter el expresidente Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, la principal fuerza opositora en el Parlamento.

La senadora de la opositora Creemos Centa Rek afirmó que la manifestación del Gobierno en la víspera ha sido “un acto creado” y una respuesta a un supuesto agravio a la wiphala que busca “entronizar un nuevo símbolo” y crear un “país masista con símbolos exclusivamente del MAS”.

En la víspera, las críticas llovieron contra el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, que utilizó la palabra “trapo” para referirse indistintamente a la polémica en torno a las banderas y símbolos patrios que se entendió como una referencia a la wiphala.

Morales consideró que esa declaración responde al “fracaso del paro y el triunfo del pueblo con el wiphalazo”, aunque el ente cívico explicó este miércoles en un comunicado que esas declaraciones se han “sacado de contexto”.

Otras autoridades como la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, manifestaron que no se sumaron a la huelga ni al desagravio a la wiphala bajo el argumento de que ambas manifestaciones perjudicarían a una población que vive de su trabajo diario.

Bolivia se mantiene en una polarización política expresada en discursos acalorados de autoridades nacionales que insisten en que en 2019 hubo un “golpe de Estado” y la oposición que afirma que la crisis fue consecuencia de un fraude a favor de Morales en los fallidos comicios de ese año y que ahora existe una “persecución política”.