Lima, 27 abr (EFE).- El presidente del Congreso de Perú, José Williams, afirmó este jueves que un informe presentado por la organización Human Rights Watch (HRW) sobre las muertes producidas durante las protestas antigubernamentales “no es vinculante” y las autoridades judiciales nacionales “tienen la suficiente capacidad para poder solucionar” los problemas de su país.
Williams, del partido conservador Avanza País y ex comandante de las Fuerzas Armadas, señaló que el informe “se ha enviado al Perú, que lo va a revisar y tomar las medidas que crea convenientes”.
En su informe “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, HRW denunció el “uso excesivo de la fuerza, violaciones del debido proceso, abusos contra detenidos y deficiencias en las investigaciones penales” en el contexto de las manifestaciones sociales, que dejaron 77 muertos, 49 de ellos en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad.
El organismo también exhortó al Gobierno peruano a invitar a una comisión independiente de expertos internacionales para investigar el caso, algo que Williams dijo que “no tiene muy claro”.
“El Ministerio Público (peruano) tiene la suficiente capacidad para poder solucionar nuestros problemas (…) los problemas peruanos tenemos que solucionarlos nosotros, los peruanos”, dijo.
A pesar de ello, indicó que no ve “problema” en que una comisión internacional pueda visitar el país para estudiar el tema, pero rechazó que “vaya a haber una injerencia sobre las tareas que hacen nuestras organizaciones”.,
“Me refiero a la Fiscalía y el Poder Judicial, pues ese es un tema que corresponde al Perú”, ratificó.
Este miércoles, al comentar el informe de HRW la presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó que se trata de “una ONG” y que las muertes producidas durante las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado están siendo investigadas.
La gobernante afirmó que el Gobierno “respeta la autonomía” del Poder Judicial y de la Fiscalía, mientras que el ministro del Interior, Vicente Romero, añadió que “las investigaciones están en curso aún, hay personas identificadas por la Fiscalía, pero aún no se ha llegado a una determinación” de responsabilidades.
El informe de HRW señaló una “aparente pasividad” del Gobierno ante los “abusos” cometidos por las fuerzas del orden durante las protestas que azotaron al país y que eso reveló una “posible negligencia o incluso complicidad” de las autoridades.
Recordó que los enfrentamientos con agentes y militares dejaron 1.300 heridos y 49 civiles muertos, ocho de ellos menores de edad, e insistió en señalar el uso de “fusiles de asalto y armas cortas” por parte de las fuerzas de seguridad.
“Lo más probable es que estas muertes sean ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de las que el Estado es responsable”, aseveró.
Ante estas muertes, calificadas como “homicidios”, HRW exigió que las investigaciones abiertas por el Ministerio Público contra Boluarte y varios de sus ministros sean “imparciales y exhaustivas y alcancen a todos los responsables de los abusos”.
