Quito, 28 abr (EFE).- El juicio político de censura al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, contrapone dos posturas antagónicas en un aguerrido pulso en torno a la continuidad del jefe de Estado, cuyo ganador se definirá por los votos de la Asamblea Nacional (Parlamento), más allá de los argumentos jurídicos presentados por ambas partes.
La barrera de los 92 votos necesarios para destituir al mandatario, equivalentes a dos tercios del Legislativo, mantiene en ciernes al panorama político del país andino mientras el Ejecutivo trata, a la vez, de hacer frente a una crisis de seguridad desatada por la violencia del crimen organizado.
Por un lado, la oposición, donde están el correísmo, el movimiento indigenista de Pachakutik, Izquierda Democrática y el derechista Partido Social Cristiano (PSC), otrora aliado electoral de Lasso, mantienen su confianza en reunir los votos para la censura, mientras el Gobierno cree que puede salvar el jaque al presidente.
En el trasfondo está una acusación de presunto peculado (malversación) en la que, según la oposición, Lasso supuestamente incurrió al continuar unos contratos de la flota petrolera estatal (Flopec) con la privada Amazonas Tankers sobre los que realizó un informe la Contraloría (Tribunal de Cuentas).
La fase de presentación de pruebas y testimonios ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea parece haber dado más seguridad al oficialismo, pero los opositores recuerdan que el informe que realizará esa comisión no es vinculante y que todo dependerá de los votos en el pleno de la sede parlamentaria.
ASAMBLEÍSTA VELOZ: “EL JUICIO ESTÁ MÁS VIVO QUE NUNCA”
“Decían que el juicio político estaba caído, pero está más vivo que nunca”, advirtió tras finalizar la etapa de presentación de pruebas y testimonios la asambleísta Viviana Veloz, afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017) e integrante de la bancada de Unión por la Esperanza (Unes).
“Hay pruebas suficientes”, aseveró la parlamentaria al señalar que los promotores del juicio, entre los que está ella, han presentado más de 100 pruebas entre documentos y testimonios.
“Nos ratificamos en que existe la responsabilidad política para que el presidente de la República sea censurado y destituido. Todas esas pruebas nos dan la razón”, insistió.
Veloz incidió en que “Lasso no puede seguir un día más en sus funciones del presidente de la República” y afirmó que la bancada de Pachakutik votará a favor de ello.
La parlamentaria anticipó que llevarán a declarar al pleno al exgerente de Flopec Johnny Estupiñán, uno de los testigos clave, después de que la Comisión de Fiscalización no aceptase que diese su testimonio en el último día de presentación de pruebas, al no haberse presentado para el día en el que estaba citado.
En ese aspecto acusó de estar “sesgada” y de no ser imparcial a la Comisión que preside el asambleísta independiente Fernando Villavicencio, cercano al oficialismo, por lo que recalcó que el pleno de la Asamblea tomará la decisión, “más allá del informe” que ahora debe realizar ese grupo parlamentario sobre la conveniencia de seguir con el proceso.
PRESIDENCIA: “NI RESPONSABILIDAD POLÍTICA NI PENAL”
Mientras, el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en tratar de convencer a aquellos asambleístas más indecisos por la vía de demostrar que la acusación no tiene jurídicamente asidero alguno y que la responsabilidad de Lasso en este caso es nula.
La defensa del presidente se basa en que los contratos de Flopec con Amzonas Tankers fueron suscritos por la administración del anterior presidente Lenín Moreno (2017-2021) y que, durante el mandato de Lasso, lo que se ha hecho es adopta las recomendaciones de la Contraloría para mejorar las condiciones de los contratos para el Estado.
Así lo aseveró a EFE el subsecretario jurídico de la Presidencia, Jorge Benavides, al incidir en que en ningún momento la Contraloría solicitó rescindir los contratos y al recordar que han reportado ganancias para Flopec. También manifestó que el juicio político debe ceñirse a la acusación y no en una evaluación general de la gestión de Lasso.
Benavides aseguró además que “el presidente la República no tiene competencia para incidir directamente sobre estos temas contractuales, (porque) las empresas públicas tienen un gerente que toma las decisiones y rinde cuentas, y que es elegido por un directorio de la empresa pública”.
“A lo largo de las comparecencias (en la Comisión de Fiscalización) no se llega a demostrar ningún tipo de responsabilidad política y menos aún una responsabilidad directa del presidente por el supuesto cometimiento de peculado”, señaló Benavides.
“Por eso creemos entonces, amparados en la razón del derecho, que finalmente en la discusión que se haga en el pleno no prosperará esta inadecuada utilización de un juicio político, porque están forzando una causal para establecer una supuesta responsabilidad del presidente”, concluyó Benavides.
Fernando Gimeno
