Washington, 7 ene (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos evalúa este viernes el futuro de los mandatos de vacunación contra la covid-19 del presidente Joe Biden, que afectarían en conjunto a unos 100 millones de personas y que enfrentan resistencia de los conservadores.

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

En una primera audiencia de más de dos horas, el Supremo estudió la demanda de 27 estados liderados por conservadores y de varios grupos empresariales contra el mandato creado por el Gobierno de Biden para conseguir que se vacunen la mayoría de los trabajadores de empresas privadas del país.

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Ese mandato, que obligaría o bien a vacunarse o bien a presentar semanalmente resultados negativos de tests de covid-19 a los empleados de todas las compañías que tengan 100 trabajadores o más, empezará a implementarse el 9 de febrero, a no ser que el Supremo lo frene antes.

Durante la audiencia, la mayoría conservadora en el tribunal expresó escepticismo sobre la autoridad legal del Gobierno estadounidense para imponer ese tipo de mandato, que afectaría a unos 80 millones de trabajadores, más de dos tercios de la fuerza laboral del país.

“Parece que el Gobierno federal está yendo agencia por agencia buscando una forma (de requerir que la gente se vacune) ante su incapacidad de conseguir que el Congreso actúe”, dijo Neil Gorsuch, uno de los seis magistrados de tendencia conservadora que forman la corte.

Ese argumento encajaba con el expuesto por los abogados del estado de Ohio y de la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB, en inglés), que opinaron que el poder de imponer ese tipo de mandatos debería corresponder al Congreso o a los estados, y no al Gobierno federal.

“Esto va a causar un cambio económico masivo en nuestro país, miles de millones de costes que no se pueden recuperar (…) Los trabajadores van a renunciar (para que no se les obligue a vacunarse)”, afirmó Scott Keller, el abogado de NFIB.

Los tres jueces progresistas del Supremo defendieron la importancia del mandato en el contexto de aumento de contagios por la covid-19, y aseguraron que no imponerlo también implica riesgos para la economía porque los empleados vacunados también podrían renunciar para evitar trabajar con los que no lo están.

“Estamos viendo una cantidad sin precedentes de muertes. Contagiarse de covid-19 puede hacer que la gente deje de trabajar durante periodos extraordinarios”, sobre todo si no están vacunados, recalcó la jueza Sonia Sotomayor.

El Gobierno de Biden calcula que su mandato salvaría 6.500 vidas y evitaría 250.000 hospitalizaciones en apenas seis meses, aseguró en la audiencia la procuradora general del Ejecutivo, Elizabeth Prelogar.

Tras escuchar ese caso -sobre el que decidirá en una fecha aún por determinar-, el Supremo comenzó una segunda audiencia sobre otro mandato de Biden para que se vacunen los empleados de unas 50.000 instalaciones sanitarias de EE.UU., aquellas que reciben subsidios federales de los programas Medicare o Medicaid.

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