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Edimburgo (R.Unido), 22 nov (EFE).- La corte más alta del Reino Unido, el Tribunal Supremo, debe pronunciarse mañana, miércoles, sobre si el Parlamento escocés es competente para legislar sobre un nuevo referéndum de independencia sin pactarlo previamente con el Gobierno británico, como sucedió en 2014.

Aquella consulta, en la que la permanencia en el Reino Unido se impuso por 55 % a 45 %, fue consensuada, ya que “el clima político era distinto” entre ambos Ejecutivos, según explica a EFE el profesor Cormac Mac Amhlaigh, de la universidad de Edimburgo.

El Ejecutivo regional dirigido por el independentista Partido Nacional Escocés (SNP) ambiciona organizar otro el 19 de octubre de 2023 y, ante la negativa de Londres, quiere saber si ello está o no fuera de sus competencias.

Mac Amhlaigh, experto en Derecho Constitucional, sostiene que el estatuto que regula las relaciones entre Escocia y el resto del Reino Unido, la Ley sobre Escocia de 1998 (“Scotland Act”), contiene “la suficiente ambigüedad” para que esté en cuestión si el Legislativo regional puede o no legislar para un plebiscito.

Si la legislación está relacionada con el futuro de la Unión entre Escocia e Inglaterra, se trata de una “competencia reservada” al Parlamento británico según dicha ley, explica a EFE el profesor Paul Scott de la Universidad de Glasgow.

En la introducción del proyecto de ley, el pasado verano, la abogada general de Escocia, Dorothy Bain, admitió “no tener el necesario nivel de seguridad”, y por ello se remitió a la más alta instancia judicial del reino.

Sin embargo, al tener el referéndum propuesto un carácter únicamente consultivo, “el hecho de que no tenga un efecto legal en sí mismo puede argumentarse como que no excede las competencias” de Escocia”, prosigue el profesor Scott.

LA DIALÉCTICA EN LA SALA

El Gobierno regional escocés, apostilla Mac Amhlaigh, “ha sido bastante inteligente con esta legislación”, que propone “un simple referéndum en el que se pregunta la opinión” sin “consecuencias legales”, cuyas “implicaciones dependen del proceso político” posterior.

Por el contrario, el Ejecutivo central defiende “su relación clara con las materias prohibidas de la constitución del Reino Unido”, expone, y precisa que “se necesita incluir sus consecuencias políticas”. Por ello, “toda legislación” con ese fin “está fuera de los poderes del Parlamento escocés”, a juicio del experto.

A su entender, en los últimos años “el Tribunal ha sido más estricto, técnico, e intenta dar una clara interpretación de la Ley sobre Escocia” y sus disposiciones para “entender qué es lo que dicen”.

La corte se pronunciará mañana sobre las 09:45 GMT y horas más tarde están previstas concentraciones en respuesta por toda Escocia, las principales de ellas en Edimburgo a las puertas del Parlamento y Glasgow.

Los sondeos muestran una sociedad dividida por la mitad (49 % a favor de la independencia por un 51% en contra), aunque con posiciones más estrechas que en el resultado de 2014 (45 % a 55%).

En caso de que el Supremo autorice el referéndum, “comenzará la campaña”, afirma su organizadora central, Lesley Riddoch. De lo contrario, los activistas mostrarán el descontento por “estar atrapados en una ‘unión voluntaria’ de la que no puede salirse legalmente.”

Guillermo Garrido

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