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Bogotá, 13 dic (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó este miércoles que en 112 de los 136 barrios de Buenaventura, la principal ciudad portuaria del Pacífico colombiano, hay presencia de grupos armados ilegales o delincuenciales, situación que deriva en una “grave afectación a los derechos humanos”.

Esa ciudad, de aproximadamente 310.0000 habitantes, hacen presencia las dos disidencias de las FARC: el Estado Mayor Central (EMC), con su frente Jaime Martínez, y la Segunda Marquetalia.

También está la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN); el Clan del Golfo, que se hace llamar  Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las bandas delincuenciales ‘Los Espartanos’, ‘Shottas’ y ‘La Empresa’, a las que se suman nuevas organizaciones delincuenciales: ‘Los Chiquillos’ y ‘Jalisco Nueva Generación’, explicó este miércoles la Defensoría en un comunicado.

“Nuestra recién emitida Alerta Temprana determinó que en 112 de los 136 barrios que tiene Buenaventura, es decir, en el 82 % del territorio de los bonaverenses, hay presencia de actores armados ilegales o delincuenciales”, dijo el defensor del pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado de su despacho.

El funcionario añadió que “esta situación genera una grave afectación a los derechos humanos, ya que la población está completamente expuesta a la violencia generada por esos grupos”.

Todos los grupos armados ilegales en un mismo lugar

La información detalló que la comuna 12, que tiene zona rural y urbana, es la que presenta mayor complejidad, pues allí tienen asiento prácticamente todos los grupos criminales. La razón, el lugar es un corredor estratégico, por su ubicación y características, que permite el auge de rentas ilícitas.

“Hay afectaciones al derecho a la movilidad de la población, pues en el territorio hay fronteras invisibles; además, hay homicidios selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes”, aseguró Camargo.

Estos grupos, dependiendo de sus intereses, “hacen alianzas entre ellos o se enfrentan para tener el control territorial y social, con el propósito de asegurar sus economías ilegales”, advirtió.

Las extorsiones son algunas de las acciones delincuenciales que más afectan a comerciantes y personas cuyos negocios están relacionados con el movimiento productivo del puerto.

De acuerdo con información conocida por la Defensoría del Pueblo, se estima que las extorsiones producen mensualmente unos 2.300 millones de pesos (unos 580.000 dólares de hoy)

A pesar del monto, las denuncias solamente alcanzan el 3 % de los casos. Las autoridades establecieron que las intimidaciones obligan a las víctimas a retirar las denuncias.

Por otro lado, dice la Defensoría, en las zonas rurales de Buenaventura, los combates entre el ELN, la Segunda Marquetalia, las AGC y el EMC ocasionan desplazamientos y confinamientos, y la ‘siembra’ de minas antipersonales, riesgos a la vida e integridad de los pobladores.

45.000 desplazados por la violencia

Por la violencia en la zona unas 45.000 personas se han desplazado forzadamente, 54 homicidios y 25 desapariciones es el panorama registrado en la ciudad del puerto del Pacífico colombiano entre 2022 y lo que va de 2023.

Ante el escenario de ‘riesgo extremo’, la Defensoría del Pueblo presentó 57 recomendaciones a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), del Ministerio del Interior.

“Necesitamos que las entidades del Gobierno Nacional y locales garanticen los derechos humanos y lo establecido en el derecho internacional humanitario. La población, como deber misional que nos asiste, debe ser protegida del accionar criminal en Buenaventura”, concluyó Camargo.

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