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Santiago de Chile, 17 may (EFE).- Un año después de la entrada en vigor del estado de emergencia y la militarización en La Auracanía y otras regiones de la Macrozona Sur de Chile se ha reducido la intensidad y el número de sabotajes, pero no se ha avanzado en la resolución del conflicto político-territorial entre el Estado, el pueblo mapuche y las grandes empresas extractivistas que explotan bosques y acuíferos milenarios.

La medida fue el resultado combinado de un error político de la entonces ministra de Interior, Izkia Siches, -quien planeó mal un viaje oficial a la zona-, la presión de la oposición conservadora que desde hace años defiende intereses industriales frente a consideraciones ambientales- y la acción de los minoritarios grupos radicales mapuches, que se lucran con el sabotaje y la lucha armada.

Y supuso la primera gran crisis del estrenado Gobierno del progresista Gabriel Boric, que se resistió a imponer una medida restrictiva que negaba en su programa electoral y que al final se vio obligado a decretar un “estado de excepción acotado” que desde entonces el Congreso ha prorrogado en 23 ocasiones.

“Esta constante renovación muestra que carecen de capacidad para promover otras medidas que vayan al fondo del conflicto. Las percepciones sobre el estado de excepción coinciden en que no ha solucionado el problema de seguridad, ya sea porque no se detiene efectivamente la violencia o porque ha desplazado el tratamiento de las causas profundas de la violencia”, explica a EFE el abogado mapuche Salvador Millaleo.

“A nivel social, se ha transformado en una parte de la rutina cotidiana, dada su permanencia, de manera que se ha perdido su carácter de excepcional. En los territorios se ve un despliegue desigual, muy concentrado en ciertas zonas, mientras otras están semiabandonadas. Una percepción marcada es que la política abandonó a las zonas con estado de excepción a su destino”, critica.

SIN AVANCES POLÍTICOS

Lo cierto es que, comparado con otro tipo de conflictos similares, el de la Macrozona Sur es un conflicto armado de baja intensidad, con acciones violentas limitadas a robo de madera, quema de camiones y destrucción de maquinaria, entre otras.

En el marco político, la detención y encarcelamiento meses atrás de Hector Llaitul, uno de los líderes del movimiento radical Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), introdujo el conflicto a otra dimensión más compleja.

“Por una parte, no se han efectuado diálogos efectivos con los territorios que permitan hacer converger voluntades entres actores chilenos indígenas y no-indígenas. Más bien se desarrollan las mismas lógicas clientelares de siempre”, señala la Milleao.

“Por otra parte, no se ha llevado adelante una política de reconocimiento. Está aún pendiente la mesa de tierras y entendimiento prometida, no se ha propuesto la oficialización de las lenguas indígenas, no hay políticas nuevas de protección a los patrimonios culturales indígenas, ni se han fortalecido de manera substantiva la salud y la educación interculturales”, critica.

PRESIONES DE LA OPOSICIÓN

Para las asociaciones gremiales y la oposición, el estado de emergencia no es suficiente y exigen medidas punitivas más duras, como la declaración del estado de sitio, pese a que la violencia se ha reducido.

Según cifras presentadas por el ministerio de Interior en el Congreso durante la prórroga 22 del estado de emergencia, “mientras 2021 fue el año con más eventos de violencia rural desde el año 2017, en 2022 esta tendencia se revirtió registrando una baja del 31%”.

Igualmente, la Asociación de Contratistas Forestales admitió que los ataques a este gremio descendieron en cerca del 30 % entre el 1 de enero y 9 de mayo de 2023, pasando de 23 a 16 casos.

Aun así, diputados del partido ultraconservador Unión Demócrata Independiente (UDI) entregaron esta semana una carta al Gobierno en el que calificaban de “indispensable que decreten nuevas medidas para combatir a los grupos narcoterroristas que operan en la Macrozona Sur, siendo una de ellas un Estado de Sitio” porque consideraban “que el actual Estado de Excepción no ha dado el ancho”.

“No queremos vernos obligados a rechazar las futuras renovaciones al no ser considerada una solicitud ampliamente demandada por los vecinos de la zona”, amenazaron.

A LA ESPERA DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN

En este contexto, la cuestión de La Araucanía es uno de los puntos controvertidos en la redacción de la nueva propuesta de Constitución que se negocia en Chile tras el fracaso en el plebiscito de septiembre de la primera, que daba un amplio margen de derechos a los pueblos indígenas.

“El sabotaje es la forma que está predominando sobre los objetivos políticos. Ahí tenemos una diferencia que nosotros queremos canalizar constitucionalmente”, explica a Efe Antileo Alihuen, único indígena elegido entre los 51 miembros del nuevo Consejo Constituyente.

Javier Martín

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