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Buenos Aires, 31 oct (EFE).- La última etapa de alegatos de las defensas finaliza este lunes en la causa que sienta en el banquillo a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, acusada junto a más de una decena de imputados de irregularidades en la concesión de obra pública durante su mandato como presidenta (2007-2015).

“Si esta sentencia fuese condenatoria, entrega carta blanca a la persecución política sin restricciones”, dijo en el alegato que se realiza en forma virtual ante el Tribunal Oral Federal 2, Miguel Arce Aggeo, el abogado defensor del expresidente de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz (AGVP), Juan Carlos Villafañe.

Y dijo que Villafañe -a quien los fiscales acusaron de administración fraudulenta y le pidió seis años de prisión- le expresó que la pena de encierro se le impondría “por ser un ferviente peronista, pero no por haberse quedado con un peso de los argentinos”.

Estos argumentos coinciden con los de Cristina Fernández, quien ya había afirmado que este juicio no es a ella sino “al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares”, insistió en responsabilizar al “lawfare” por su derrotero judicial y vinculó el fallido atentado que sufrió el 1 de septiembre pasado -por el que hay cuatro detenidos- al “clima” judicial y mediático generado en torno a ella.

En el caso que tiene 13 imputados, se juzgan las presuntas irregularidades, durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de su viuda Fernández en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez, estrecho colaborador del expresidente, en la sureña provincia Santa Cruz, feudo del kirchnerismo.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron la pena más alta para la vicepresidenta, Cristina Fernández, y para el empresario Lázaro Báez, el 22 de agosto pasado, en tanto que requirieron penas más bajas para otros once exfuncionarios públicos.

La vicepresidenta, que acumula varios procesamientos por presunta corrupción, está acusada en este caso de asociación ilícita y administración fraudulenta de recursos públicos, al haber supuestamente favorecido la concesión de obras a Báez, quien a la par es sospechoso, en otras causas, de haber pagado sobornos a los Kirchner por medio de diversas maniobras empresariales.

Tras la finalización de la etapa de alegatos de las defensas, el juzgado hará lugar a que los fiscales puedan replicar esos alegatos, lo que podría dar lugar a las últimas palabras de los abogados defensores y de los imputados para que el juicio entre en su parte final, cuyo veredicto se espera para fines de noviembre próximo.

El final del juicio, que comenzó pocos días después de que Cristina Fernández anunciara su alianza con Alberto Fernández para las elecciones de 2019, que acabaron ganando, se da cuando resta un año para las próximas presidenciales.

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