Caracas, 17 oct (EFE).- El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó urgió este domingo a buscar un “acuerdo” para resolver la crisis del país, después de que el Gobierno decidiera abandonar el diálogo que se desarrollaba en México desde el pasado agosto y cuya cuarta ronda debía haber comenzado hoy.

La decisión del Ejecutivo se produjo tras conocerse la noticia de la extradición del empresario colombiano Alex Saab -presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro- a EE.UU., donde será juzgado por delitos de corrupción, en un proceso que empezará este lunes.

Saab se encontraba detenido en Cabo Verde, a petición de las autoridades norteamericanas, desde junio de 2020, cuando fue capturado mientras hacía escala aérea en el país africano.

Como respuesta a su extradición, que se materializó el sábado, el Gobierno decidió interrumpir las negociaciones, pese a que según el jefe de la delegación chavista para el diálogo, Jorge Rodríguez, las tres primeras rondas fueron un “gran éxito” del oficialismo.

Guaidó mostró su rechazo ante esta actitud e insistió en la necesidad de continuar en la búsqueda de una solución “urgente” para resolver la crisis económica y política que vive el país desde hace, al menos, un lustro.

El político opositor señaló, a través de su cuenta de Twitter, que “en esta ronda en México se tenía que avanzar en la mesa de atención social y dar soluciones a la crisis”, algo que se ha postergado en las tres primeras rondas por razones que ninguna de las partes precisó.

“La dictadura, en un acto ruin, decidió abandonar a los venezolanos para mostrar lealtad con quien se lucró a costa del hambre”, señaló Guaidó en la red social, al referirse a la interrupción por parte del Gobierno, motivada por la extradición de Saab, tal y como explicó Rodríguez tras hacerse pública la noticia.

El empresario colombiano está acusado de siete cargos de lavado de dinero y uno más de conspiración para blanquear y además está sujeto desde mayo de 2019 a sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU.

Los fiscales norteamericanos consideran que lavó más de 350 millones de dólares para pagar corruptelas del presidente venezolano a través del sistema financiero estadounidense.

La OFAC lo sancionó por su presunta participación en varias tramas de corrupción a gran escala en torno a la construcción de viviendas populares, distribución de alimentos a los más pobres y operaciones ilícitas con el oro venezolano.

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