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Río de Janeiro, 15 mar (EFE).- La ONG Human Rights Watch (HRW) instó este viernes a Brasil a garantizar investigaciones independientes en casos relacionados con violencia policial, tras las condenas proferidas el jueves al país por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por dos casos ocurridos hace dos décadas.

El tribunal encontró al Estado brasileño responsable de la muerte de un civil durante una marcha por la reforma agraria en la ciudad de Curitiba y por la de otras 12 personas durante una operación policial en el municipio de Sorocoba, en São Paulo.

Por los hechos, la CorteIDH ordenó nuevas investigaciones para esclarecer los crímenes, ocurridos hace más de dos décadas, en las que no podrán participar miembros de la Policía Militarizada.

“Los fallos de la Corte Interamericana se refieren a casos que ocurrieron hace más de 20 años, pero el problema del uso ilegal de fuerza letal por parte de la policía continúa hasta el día de hoy”, dijo el director de HRW en Brasil, César Muñoz, citado en un comunicado.

“Las autoridades brasileñas deben tomar medidas inmediatas para cumplir con las decisiones del tribunal y detener los abusos policiales, que socavan la seguridad pública y cobran un enorme precio a las comunidades que sufren la violencia y a la propia fuerza policial”, agregó.

El llamado de la organización defensora de derechos humanos se da en momentos en que se investiga la muerte de al menos 45 personas en el último mes y medio durante acciones de la policía en desarrollo de la Operación Verano, lanzada en varios municipios del litoral de São Paulo, luego de la muerte de un uniformado.

Según Human Rights Watch, que habló con testigos y familiares de las víctimas, hay ‘pruebas contundentes’ de uso ilegal de la fuerza en algunos casos y se han encontrado irregularidades por parte de los uniformados que buscan obstruir las investigaciones.

El caso es similar a otro de 2023 ocurrido en la misma región, donde 28 personas murieron durante los 40 días que duró la denominada Operación Escudo, iniciada también tras el asesinato de un policía.

El año pasado, 6.381 personas murieron en intervenciones policiales, la gran mayoría de ellas afrodescendientes, según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública.

Para HRW, aunque algunas muertes se producen en defensa propia, muchas son resultado del uso ilegal de la fuerza, pues ha documentado decenas de casos en los que la policía “no llevó a cabo investigaciones adecuadas, ni siquiera visitó el lugar de los hechos; y donde el análisis forense no siguió parámetros internacionales”.

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