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Un juez federal de Texas decidió el viernes mantener vigente un programa de inmigración que protege de la deportación a jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como Dreamers.

El juez de Houston Andrew Hanen dictaminó que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en el 2012 y que beneficia a unos 700,000 inmigrantes, es legal. Con la decisión, el magistrado niega la demanda de 10 estados, encabezados por Texas, que alegan que el programa creado por el gobierno de Obama es inconstitucional, representa una fuerte carga financiera para los estados y debe finalizar.

Además de estar protegidos de la deportación, los beneficiarios de DACA obtienen un permiso de trabajo que pueden renovar cada dos años y en algunos estados, como Florida, una licencia de conducir.

En la sentencia, Hanen sugirió que la Corte Suprema tendría que finalmente determinar la legalidad de DACA. El juez dijo en su sentencia que decidió no bloquear el programa porque, aunque el estado de Texas tiene argumentos válidos al cuestionar si Obama tenía el poder ejecutivo para crearlo, los estados se tardaron mucho tiempo en presentar la demanda.

De todos modos el magistrado dijo que DACA es “posiblemente ilegal” e instó a los demandantes a iniciar un proceso de apelación en los próximos 21 días.

El fallo de Hanen significa que las personas que ya cuentan con DACA continúan con la protección y pueden renovar el beneficio. El viernes por la tarde grupos de apoyo a los inmigrantes, como la coalición United We Dream, declararon la decisión como una victoria para los jóvenes inmigrantes y llamaron a los beneficiarios de DACA a renovar el amparo.

Sin embargo, el programa solo sigue vigente para las personas que ya cuentan con la protección y no para aquellos que podrían calificar pero no han obtenido DACA antes.

En ese entonces, en septiembre del año pasado, Trump dio al Congreso seis meses para que buscara un remplazo al programa, antes que el Departamento de Seguridad Nacional comience a deportar inmigrantes protegidos. Hasta ahora no se ha debatido ninguna solución.

 

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