Washington, 8 mar (EFE).- Una organización independiente del Gobierno de Estados Unidos investigará a Norforlk Southern, la operadora ferroviaria que operaba un tren que descarriló, provocando un accidente químico a finales de febrero.
La Junta Nacional de Transporte (NTSB, en inglés) de EE.UU anunció este martes que abrirá una “investigación especial” contra la operadora de tren y la “cultura de la seguridad”, según un comunicado.
La organización menciona que, desde diciembre de 2021, ha abierto cinco procesos similares para investigar accidentes que involucraban a la ferroviaria, incluyendo este último descarrilamiento en Ohio.
“Dado la importancia y la cantidad de los últimos accidentes de Norfolk Southern, la NTSB también insta a la compañía a tomar acción inmediata para revisar y evaluar sus prácticas de seguridad”, señaló el comunicado.
El tren operado por Norfolk, de unos cincuenta vagones, transportaba material tóxico en once de ellos y descarrilló el pasado 3 de febrero a su paso por East Palestine, un pueblo de menos de 5.000 habitantes a sesenta kilómetros de la ciudad industrial de Pittsburgh y cercano a la frontera de Ohio con Pensilvania.
Una investigación inicial de la junta sobre el accidente encontró que el sobrecalentamiento de un “cojinete”, una pieza que se utiliza para reducir el rozamiento de la rueda con el eje, pudo haber sido la causa principal del accidente.
Aunque East Palestine es pequeño y se encuentra en una zona bastante despoblada, el asunto está siendo utilizado por los republicanos para criticar al Gobierno federal por las consecuencias de lo ocurrido, pese a que la Administración del presidente Joe Biden insiste en que no hay peligro en la zona.
El propio expresidente Donald Trump ha utilizado el incidente para hacer campaña y ayer mismo visitó la zona afectada por el derrame de productos tóxicos.
El jueves pasado fue el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, quien visitó la zona, en medio de las crecientes críticas por la respuesta federal al descarrilamiento.
Ante dichas las críticas, el Gobierno estadounidense anunció el pasado viernes que desplegará un equipo de médicos y toxicólogos para realizar pruebas de salud pública en la zona afectada.
Desde que se extinguieron los incendios el 8 de febrero, el monitoreo del aire de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) no ha detectado ningún nivel de preocupación para la salud en la comunidad que se atribuya al descarrilamiento del tren.
Tampoco en el agua, ya que la EPA está ayudando a las agencias estatales y locales a analizar las corrientes superficiales y subterráneas para garantizar que el agua potable sea segura.
