BAGDAD, 28 ABRIL.- En un movimiento que ha generado preocupación entre la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos, el Parlamento iraquí ha aprobado enmiendas a la ley contra la prostitución para incluir la criminalización de las relaciones homosexuales y las expresiones transgénero.
Con esta medida, cualquier relación homosexual consensuada será castigada con penas de entre 10 y 15 años de cárcel. La ley también penaliza la promoción de las relaciones entre personas del mismo sexo con penas de uno a tres años de prisión y una multa de aproximadamente 7.600 dólares.
Las enmiendas van más allá, castigando con penas de uno a tres años de prisión a quienes se sometan a operaciones de “reasignación de sexo”, así como a los médicos que las realicen. Además, la ley establece sanciones para hombres que muestren “comportamiento afeminado”.
La justificación oficial para estas enmiendas es “preservar la decencia moral en la sociedad iraquí”, ante la supuesta “ausencia de una legislación que castigue de forma disuasoria los actos homosexuales y a aquellos que los promueven”. Sin embargo, la medida ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, que la considera una violación flagrante de los derechos de la comunidad LGBTQ+ en Irak.
Rasha Younes, codirectora interina de HRW, denunció que esta norma “ratifica el terrible historial de violaciones de derechos contra las personas LGBT en Irak” y “añade insulto a la herida de las personas LGBT iraquíes, que ya enfrentan violencia cíclica y amenazas a sus vidas por parte de grupos armados”.
Aunque las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo no estaban explícitamente tipificadas como delito en Irak, las autoridades han utilizado leyes ambiguas de “moralidad” para perseguir a la comunidad LGBTQ+. Con la aprobación de estas enmiendas, la situación de este colectivo se vuelve aún más vulnerable, exponiéndolos a un mayor riesgo de discriminación, violencia y persecución.
La aprobación de esta ley representa un retroceso en materia de derechos humanos en Irak y genera preocupación sobre el futuro de la comunidad LGBTQ+ en el país. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han instado al gobierno iraquí a reconsiderar esta medida y garantizar la protección de los derechos de todos sus ciudadanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
