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Lima, 20 mar (EFE).- Un juez peruano rechazó este miércoles una petición de la Fiscalía para que se dicte una nueva orden de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo (2021-2006) por un caso de presunta corrupción vinculado con la empresa brasileña Camargo Correa.

La decisión fue tomada por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, quien señaló que la solicitud fiscal tenía “un serio defecto de fondo”.

Detalló que, al buscar el encarcelamiento, esa petición no cumplió “previamente con el trámite de ampliación de extradición” ante los Estados Unidos, país que el año pasado entregó al exgobernante a Perú por las acusaciones del caso del Tramo 2 y 3 de la Carretera Interocéanica, vinculado con la empresa Odebrecht.

El juez indicó que Toledo “no puede ser detenido por delitos distintos que los que fueron materia de esa extradición ya otorgada por Estados Unidos”.

“De pretender el encarcelamiento por este segundo caso debe cumplir con las exigencias internacionales y con la normativa peruana”, remarcó.

Por ese motivo, declaró improcedente “en cuanto a la forma” a la posibilidad de variar la actual orden de comparecencia simple por prisión preventiva por este caso.

Sin embargo, Concepción Carhuancho dejó “a salvo el derecho del Ministerio Público” de presentar nuevamente una variación de la situación del exmandatario “una vez que haya superado el anotado defecto procesal”.

Tras la decisión judicial, la Fiscalía anunció que presentará una apelación para que el tema sea visto por una instancia superior.

El pasado 22 de febrero, la Justicia peruana rechazó una petición de excarcelación presentada por la defensa de Toledo por considerar que ya había superado los 18 meses de prisión preventiva dictada mientras es investigado por otros casos de presunta corrupción.

El abogado defensor argumentó que el plazo ya se había cumplido al sumar el tiempo que estuvo encarcelado en Estados Unidos y en Perú, el Poder Judicial aclaró que este corre desde el momento de su llegada al país andino, el 23 de abril de 2023, por lo que vencerá el 22 octubre de este año.

En febrero pasado se cumplió un año desde que el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió la extradición del exmandatario, para que sea juzgado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión, por los que la Fiscalía pide que sea condenado a 35 años de cárcel.

La investigación le imputa haber recibido 34 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para adjudicarle dos tramos en la construcción de la Carretera Interoceánica.

Toledo también está acusado en el caso de presunto lavado de activos ‘Ecoteva’, por el que la Fiscalía pide 16 años de prisión para él, y ocho años para su esposa, Eliane Karp, quien se encuentra actualmente en Israel.

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