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Lima, 25 mar (EFE).- El Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada de Lima aplazó este lunes y hasta mañana la sesión de juicio al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) en la que evalúa una petición fiscal de 35 años de cárcel por lavado de activos, a raíz de los presuntos sobornos de la firma Camargo y Correa.

Tras escuchar tres testimonios del caso “Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil”, entre los cuales el del excongresista Isaac Freddy Serna Guzmán, del partido Unión por el Perú, el colegiado decidió continuar la sesión este martes a las 9 de la mañana (14:00 GMT).

La audiencia, que se celebró de manera virtual, contó con la presencia de Toledo y otros 28 asistentes del mega caso de corrupción.

El juez Richard Concepción rechazó el pasado miércoles una petición de la Fiscalía para que se dicte una nueva orden de prisión preventiva contra Toledo por este caso vinculado con la empresa brasileña Camargo Correa, y señaló que esta solicitud tenía “un serio defecto de fondo”.

Detalló que, al buscar el encarcelamiento, esa petición no cumplió “previamente con el trámite de ampliación de extradición” ante los Estados Unidos, país que el año pasado entregó al exgobernante a Perú por las acusaciones del caso del Tramo 2 y 3 de la Carretera Interocéanica, vinculado con la empresa Odebrecht.

El juez indicó que Toledo “no puede ser detenido por delitos distintos que los que fueron materia de esa extradición ya otorgada por Estados Unidos”, pero dejó “a salvo el derecho del Ministerio Público” de presentar nuevamente una variación de la situación del exmandatario “una vez que haya superado el anotado defecto procesal”.

El pasado 22 de febrero, la Justicia peruana rechazó una petición de excarcelación presentada por la defensa de Toledo por considerar que ya había superado los 18 meses de prisión preventiva dictada mientras es investigado por otros casos de presunta corrupción.

El abogado defensor argumentó que el plazo ya se había cumplido al sumar el tiempo que estuvo encarcelado en Estados Unidos y en Perú, el Poder Judicial aclaró que este corre desde el momento de su llegada al país andino, el 23 de abril de 2023, por lo que vencerá el 22 octubre de este año.

En febrero pasado se cumplió un año desde que el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió la extradición del exmandatario, para que sea juzgado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión, por los que la Fiscalía pide que sea condenado a 35 años de cárcel.

La investigación le imputa haber recibido 34 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para adjudicarle dos tramos en la construcción de la Carretera Interoceánica.

Toledo también está acusado en el caso de presunto lavado de activos ‘Ecoteva’, por el que la Fiscalía pide 16 años de prisión para él, y ocho años para su esposa, Eliane Karp, quien se encuentra actualmente en Israel.

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