TORONTO, 12 ENERO.- Con los casos de COVID-19 que ponen a los hospitales de Canadá al límite de su capacidad o cerca de ella, el plan sin precedentes de Quebec para cobrar impuestos a los residentes adultos que se nieguen a ser vacunados está siendo criticado.
La Asociación Canadiense de Libertades Civiles dice que el plan fiscal es profundamente preocupante y señala que la Carta de Derechos y Libertades reconoce la autonomía individual sobre nuestros cuerpos y decisiones médicas.
En una declaración enviada por correo electrónico el martes por la noche, Cara Zwibel, consejera general interina de la asociación, dice que la sanción fiscal es una medida divisiva que terminará castigando y alienando a quienes más necesitan apoyo y servicios de salud pública.
Ella dice que el gobierno del primer ministro de Quebec, Francois Legault, debería abandonar lo que ella llama una “propuesta constitucionalmente vulnerable”.
Quebec informó el martes 2742 hospitalizaciones relacionadas con COVID, con 255 pacientes en cuidados intensivos, junto con otras 62 muertes.
La rápida propagación de Omicron ha provocado una escasez de personal en todo el país, lo que llevó al ministro de salud de Ontario a anunciar que se permitirá que enfermeras con formación internacional trabajen en los hospitales de la provincia, hogares de cuidados a largo plazo y otros entornos sanitarios.
En Nueva Escocia, un comité legislativo escuchó que 25 de los 133 hogares de ancianos de la provincia han dejado de aceptar nuevas admisiones debido a problemas de personal causados en parte por la pandemia.
Este informe de The Canadian Press se publicó por primera vez el 12 de enero de 2022.
