Bogotá, 18 mar (EFE).- El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) calificó de “histórica” la sentencia emitida este lunes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el que se condenó al Estado colombiano por diferentes violaciones contra sus miembros y lo consideró un “paso importante” en la “dignificación de la labor como personas defensoras”.
“La sentencia que notificó la Corte Interamericana es un paso importante en la reivindicación de los derechos de los y las integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y sus familias”, declaró la abogada del colectivo, Jomary Ortegón.
“Consideramos que es un avance en la dignificación en nuestra labor como personas defensoras. Un reconocimiento al dolor que han sufrido los y las integrantes del colectivo y sus familias, así como los impactos que se han derivado de las violaciones a los derechos humanos”, agregó Ortegón.
La sentencia reconoció la responsabilidad internacional del Estado colombiano en mas de cien hechos ocurridos durante 30 años en los que los miembros del colectivo y sus familias fueron, según el colectivo, “perseguidos, hostigados, estigmatizados y vigilados de manera sistemática” a través de labores de inteligencia.
El vicepresidente de la CorteIDH, el brasileño Rodrigo Mudrovitsch, condenó a Colombia “por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento, a la autodeterminación informativa, a conocer la verdad, a la honra, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la libertad de asociación, de circulación y de residencia, a la protección de la familia, al derecho a la niñez y al derecho a defender los derechos humanos”.
La CorteIDH determinó en la sentencia que desde la década de 1990 “diversas dependencias estatales llevaron a cabo actividades arbitrarias de inteligencia en perjuicio de los miembros del CAJAR y sus familiares”.
Como resultado de esta, la CorteIDH ordenó 16 medidas de reparación en favor de los integrantes del colectivo incluyendo un reconocimiento público de responsabilidad, un mecanismo de acceso a la información, medidas de indemnización, entre otras.
“Esperamos que el Estado cumpla las medidas de reparación ordenadas por la Corte”, estimó Ortegón, quien recordó que se deberán rendir cuentas en un año “sobre el cumplimiento”.
El grupo de abogados, enfocado en la defensa de los derechos humanos y que actualmente acompaña 480 casos a nivel nacional e internacional, presentó la demanda en 2002 junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo presentó en 2020 ante la CorteIDH.
La CorteIDH realizó una audiencia pública en mayo de 2022 con miembros del colectivo, peritos y el Estado colombiano.
Esta es la primera vez que una organización defensora de derechos humanos llega a la CorteIDH en calidad de víctima.
