Lima, 16 may (EFE).- El abogado del expresidente peruano Alejandro Toledo, Roberto Su, pidió este martes al juez que lo investiga por el caso Interoceánica que se le excluya de la presunta comisión del delito de colusión al sostener que no tuvo intervención en la adjudicación de esa carretera a la empresa brasileña Odebrecht durante su gestión (2001-2006) y por la que se presume recibió un soborno de 35 millones de dólares.
Durante el inicio del proceso de control de requerimiento acusatorio, la defensa de Toledo dijo que desistía del sobreseimiento (archivo) pedido por los cargos de lavado de activos y colusión, pero que insistía en la improcedencia de acción para el último delito.
Su argumento es que, como presidente de la República, Toledo “no puede ser sujeto activo de colusión” porque entre sus funciones no está el tener el “título habilitante en contrataciones públicas” del Estado, como lo fue la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur.
El abogado añadió que la Hacienda Pública es administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que “las funciones del presidente son de carácter político y representativas”.
No obstante, el fiscal del caso, José Domingo Pérez, respondió, en la audiencia presidida por el juez Richard Concepción Carhuancho, que uno de los principales deberes del presidente de la República es hacer cumplir la ley y administrar la hacienda pública.
En ese sentido, Pérez citó los fundamentos de la resolución de extradición presentada a Estados Unidos por la Corte Suprema de Justicia en la que señalan que Toledo tuvo una “intervención directa” en el proceso de adjudicación de esa obra, así como en la designación del comité a cargo y en otros actos funcionales.
El pedido de extradición a Toledo fue aprobado por Estados Unidos en septiembre del año pasado y ejecutado el pasado 23 de abril, día en el que llegó a Lima y fue recluido en el penal de Barbadillo para responder por este proceso y otro abierto en su contra, a raíz de las empresas fundadas en el extranjero para recibir presuntamente los pagos ilícitos de Odebrecht y comprar bienes en el Perú.
Toledo “tenía el deber de proteger los intereses del Estado, pero se concertó con Jorge Barata (el entonces responsable de Odebrecht en Perú), defraudando el interés público, a fin de favorecer a la empresa”, expresó el fiscal al responder a la defensa del exmandatario.
Previamente, el juez rechazó los recursos que los abogados de otros implicados en el caso presentaron para cuestionar el pedido de reparación civil solidaria por 1.800 millones de soles (480 millones de dólares o 449 millones de euros) presentado por la Procuraduría General del Estado contra unos 30 acusados en este proceso.
