Publicidad

Barcelona (España), 24 jun (EFE).- El primer año de aplicación de la ley de eutanasia en España ha supuesto una “liberación” para médicos que tenían pacientes con un sufrimiento extremo y que no querían seguir viviendo, y a los que no podían ayudar completamente: “Ahora tenemos algo que ofrecerles”.

Así se expresa en declaraciones a EFE una doctora de un centro de atención primaria de la ciudad de Barcelona (noreste), que prefiere mantener su anonimato para proteger la intimidad de los dos casos de eutanasia que atendió.

El 25 de junio se cumple el primer año de la entrada en vigor de la ley de eutanasia en España, y en este periodo, las personas mayores de edad con una enfermedad grave e incurable, con un padecimiento grave e imposibilitante o un sufrimiento físico intolerable, pueden poner fin a su vida de forma digna si lo desean.

“Profesionalmente, creo que es un privilegio atender casos que, de hecho, ya teníamos antes de la entrada en vigor de la ley, porque los médicos de primaria siempre hemos acompañado en el final de la vida, pero hasta hace un año a esos pacientes que llevaban tiempo diciéndonos que no querían seguir viviendo así no les podíamos dar respuesta”, dice.

“Como profesionales es una liberación, porque al fin y al cabo se ha legalizado una situación que ya pasaba antes, con la diferencia de que ahora tenemos algo que ofrecer a estos enfermos” explica.

Entre los médicos existe un grupo muy concienciado con la eutanasia y una parte más escéptica aunque, a su juicio, más por “desinformación o falta de formación que por una cuestión moral”, por lo que queda aún margen de “maduración” de todo este proceso.

“En mi caso las eutanasias son procesos gratificantes, porque la persona te escoge, le ofreces una liberación y creas un vínculo muy potente con ella y con la familia, ya que compartes algo muy íntimo”, añade.

Según la facultativa, no solo los profesionales de la sanidad tienen aún camino por recorrer, también la sociedad, pues no siempre los familiares toleran la eutanasia de un ser querido.

En el primer caso que atendió, que se culminó poco después de la entrada en vigor de la ley, la eutanasia estaba muy aceptada por la familia, lo que facilitó el proceso, pero en el segundo caso, que se pidió formalmente el pasado marzo y aún no se ha completado, había inicialmente familiares escépticos, no tanto por una cuestión moral sino por “vergüenza”, relata la doctora.

“¿Qué diremos a la gente cuando pregunten de qué ha muerto?”, le preguntaban inquietos los familiares a la médica.

Una de las tareas de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) es intervenir y asesorar, tanto a pacientes como a familiares, en estas situaciones complicadas.

“Cuesta mucho dejar marchar a una persona que amas y en muchos casos nos encontramos que tenemos que atender más a la familia que al paciente, para hacerles entender que quien decide es el enfermo y que dejarlo marchar es un acto de amor”, destaca en declaraciones a Efe la presidenta de DMD en Cataluña, Cristina Vallès.

Cada caso es un mundo pero, eso sí, todos ellos deben seguir unos protocolos fijados por la ley, en un proceso que DMD ve un poco lento -37 solicitantes han fallecido este año en Cataluña esperando la eutanasia-, pero así es garantista.

Todas las solicitudes, que deben presentarse dos veces con un intervalo de al menos 15 días de “reflexión”, tienen que ser aprobadas por una Comisión de Garantía y Evaluación, tras una evaluación como mínimo de tres médicos y un jurista, en un proceso que de media dura 47 días.

Más de la mitad de las solicitudes se tramitan en la atención primaria, pues lo más habitual es que el enfermo escoja a su médico de cabecera porque acostumbra a ser una persona cercana y de confianza, y esto se traduce en más trabajo e implicación emocional para unos profesionales ya muy sobrecargados y agotados por la pandemia.

La médica barcelonesa reconoce que “es un derecho a decidir sobre el final de la vida que se reivindicaba desde hace años” y se pregunta: “¿quiénes somos nosotros -los sanitarios- para poner trabas a este derecho?”, aunque reclama más recursos.

Jordi Font Comas d’Argemir

Publicidad