Publicidad

Lima, 10 may (EFE).- La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, se reunió este miércoles en Lima con el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de las Naciones Unidas (ONU), Clément Voule, a quien dio detalles sobre las investigaciones de las muertes ocurridas en las recientes protestas antigubernamentales.

“(La) fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, se reunió con Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, a quien detalló las actuaciones fiscales que se realizan en los casos con víctimas durante las protestas sociales”, informó el Ministerio Público a través de su cuenta oficial de Twitter.

Voule empezó su visita oficial a Perú el lunes pasado, cuando se reunió con la presidenta, Dina Boluarte, tras la invitación formulada por el Ejecutivo peruano meses atrás para dar a conocer lo sucedido durante las protestas antigubernamentales que sacudieron al país entre diciembre y marzo pasados.

Durante esa audiencia, la mandataria le aseguró al relator “que el Estado peruano garantiza el derecho a la protesta pacífica y el respeto a los derechos humanos, y le ofreció además todas las facilidades para el desarrollo de su labor”, según informó su despacho a través de Twitter.

En los primeros días de su estadía al país andino, que se extenderá hasta el 17 de mayo, Voule también ha mantenido encuentros con la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, y con el pleno del Tribunal Constitucional (TC), presidido por el magistrado Francisco Morales.

La visita de Voule arrancó poco después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara en su último informe la violencia policial registrada en Perú durante las manifestaciones sociales que estallaron tras el fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022.

Los enfrentamientos directos entre los manifestantes y las fuerzas del orden registrados durante las protestas dejaron un saldo de 1.300 heridos y 49 civiles muertos, ocho de ellos menores de edad.

La Comisión aseguró que ha encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales” y que la violencia a manos de las fuerzas del orden en la localidad sureña de Ayacucho debe ser investigada “con un enfoque étnico-racial”.

Además, agregó que la situación podría ser considerada como “una masacre”, algo que fue rechazado por el Gobierno de Boluarte.

Publicidad