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Nueva Delhi, 14 mar (EFE).- El ministro del Interior de la India, Amith Shah, defendió este jueves la enmienda a la ley de ciudadanía implementada para dar ciudadanía por vía rápida a migrantes de ciertas minorías religiosas, excluyendo a musulmanes, una norma que despierta críticas por su carácter discriminatorio y religioso.

La implementación de la enmienda de Ley de Ciudadanía (CAA, por sus siglas en inglés) “es nuestro derecho soberano para garantizar la ciudadanía india en nuestro país, nunca lo sacrificaremos y la CAA nunca será revocada”, dijo en una entrevista con la agencia de noticias india ANI el ministro del Interior.

La ratificación de la postura del Gobierno nacionalista hindú surge en un momento de críticas y gestos de protesta dentro y fuera del país sobre la norma elaborada en 2019 pero implementada el pasado lunes, cuando quedan solo unas semanas para las elecciones generales.

La normativa impulsada por el gobernante Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro, Narendra Modi, reduce a la mitad el tiempo requerido para dar ciudadanía a inmigrantes hindúes, sijs, budistas, jainistas, parsis y cristianos, procedentes de Pakistán, Afganistán y Bangladesh, que llegaron al país antes de 2015 en busca de asilo por motivos religiosos.

“Nuestra responsabilidad moral y constitucional es dar refugio a aquellos que formaron parte de Akhand Bharat (el concepto de una gran India unida que abarca los actuales Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Birmania, Pakistán, Sri Lanka y Tíbet) y sufrieron persecución religiosa”, remarcó Shah.

Shah insiste en defender que “los musulmanes pueden solicitar la ciudadanía en India”, en un proceso que requiere de al menos once años, y que luego el “gobierno indio tomará una decisión teniendo en cuenta la seguridad nacional y otros factores”.

El ministro defiende que la CAA es una “ley especial” y exclusivamente dirigida a las minorías perseguidas que cruzaron la frontera sin ningún documento válido.

La ley tiene varias críticas, como por ejemplo, que establezca parámetros religiosos siendo la India un país constitucionalmente secular, o que excluya a los musulmanes pese a que hay numerosas minorías musulmanas en esos países que son cruelmente perseguidos.

El hecho de que la implementación llegue a poco de las elecciones generales, previstas para abril y mayo próximo, endurece las críticas sobre Modi y su agenda nacionalista hindú.

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